Inquietud por el dinero de la jubilación
Una inquietud justificada ha provocado la información recientemente divulgada acerca de las Administradoras de Fondos de Pensiones, donde no se termina el anunciado traspaso de la administración de los recursos de las jubilaciones, a manos del Estado en una Gestora Pública de Seguridad Social de Largo Plazo.
El Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA), administrador de la AFP Previsión, ya demandó a Bolivia ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi), a fin de lograr que el Estado le pague la cifra que pide para salir del país. El procurador y el ministro de Economía aseguran que la demanda es muy alta y que harán la defensa.
La otra noticia tiene que ver con el manejo mismo de los recursos que administran las AFP, los cuales son aportaciones de todos los bolivianos para acceder a una jubilación digna. Estamos hablando de 12.856 millones de dólares desde 1997 hasta junio de 2018. La rentabilidad de esos recursos está entre el 2 y el 2,5%, en ambas administradoras de fondos de pensiones, bastante más baja que la registrada hace una década cuando era del 8%.
Eso significa que los ahorros de los aportantes (todas las personas insertas en el sistema laboral formal) están depositados, pero ganan poco interés con relación a hace una década. La repercusión se anota directamente en la renta de los trabajadores cuando se jubilan, ya que con las cifras actuales solo tendría ingresos por el 17% del sueldo que percibe en la edad laboral.
Los expertos atribuyen el hecho a la inestabilidad generada a partir de los anuncios gubernamentales de que se produciría una migración a una Gestora Pública, los mismos que se hacen desde 2010 y que no se han concretado hasta el momento por causas atribuibles al Gobierno más que a la AFP. No obstante, la gestión de esos recursos, en manos de las AFP, tampoco ha sido eficiente y esto no se justifica con argumentos de inestabilidad.
A eso se suma que el principal deudor de las AFP es el mismo Estado, que cuando tenga que administrar los fondos de jubilación, será juez y parte, alejando la posibilidad de una fiscalización de fondo. También es inquietante que pasen los meses, se venzan los plazos anunciados por el Gobierno para hacer esta migración y que no se concrete ni haya señales de claridad acerca de cómo será el manejo.
La administración de los aportes para las jubilaciones no es un detalle poco importante, ya que estamos hablando de la esperanza de una vida digna para millones de personas que se jubilan. Por eso es recomendable que el Gobierno del MAS no tome a la ligera este asunto ni que vea los fondos de pensiones como una caja de la que puede echar mano para sostener empresas fracasadas deficitarias.
