OPINIÓN



| 13/07/2017


Humanitario

La mayoría de la población boliviana recibió con beneplácito la decisión del presidente Evo Morales de devolver a su país a los carabineros chilenos detenidos cerca de la frontera. Y es que la decisión fue atinada, humanitaria y, sobre todo, un buen golpe diplomático en la accidentada relación bilateral con Chile de los últimos años.

Solo quienes tienen interés manifiesto en perjudicar la imagen del jefe de Estado protestaron por la injerencia en la justicia que representó tal decisión. Y es que, beneplácito aparte, hay que aceptar nomás que, de haberse aplicado la ley, lo correcto era que los carabineros hayan sido puestos a disposición de la justicia para que su caso siga el trámite respectivo.

Que el presidente lo haya evitado se ve, por lo menos en teoría, como una abierta injerencia del Órgano Ejecutivo sobre el Judicial. Sin embargo, los puristas en materia judicial tendrían que recordar que la doctrina incluye la amnistía y el indulto, como vías rápidas al perdón de los delitos. Se trata de dos facultades que las legislaciones conceden al Ejecutivo o al Legislativo. La primera antes del juicio, como en el caso de los carabineros, y la segunda cuando ya hay una pena.
Si se toma en cuenta el interés superior, que debe primar en materia judicial, existían abundantes razones, muchas, incluso, de Estado, para que proceda la amnistía que determinó el presidente al decidir que los carabineros sean devueltos a su país. Algunos dirán que fue un golpe de efecto, y tendrán razón, pero deberán admitir que fue muy bueno.

Intereses políticos y diplomáticos aparte, el Gobierno tendrá que admitir que, cuando toma una buena decisión, y más aún si con esta se atiende razones humanitarias, como el clamor de la madre de uno de los carabineros, tiene el respaldo mayoritario de la ciudadanía. Corresponde, entonces, que la misma sabiduría, serenidad y, sobre todo, humanidad sea aplicada en otros casos, particularmente los vinculados a la política interna.

Es necesario recordar que en el país hay muchos detenidos por razones más políticas que jurídicas y, debido a ello, muchos hogares están sin padre porque deben visitarlo en una cárcel. Al mismo tiempo, otros debieron salir del país por considerar que aquí no tienen las garantías necesarias para afrontar un debido proceso (en este punto no incluimos a quienes huyeron por otros motivos, como Gonzalo Sánchez de Lozada y sus exministros).

La ciudadanía también respaldaría que el criterio humanitario se aplique a esos casos. 








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