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OPINIÓN



| 07/12/2017


Hacia una ciudad sustentable y segura

Diversas reacciones recogidas sobre el alcance de mi anterior artículo de opinión me inducen a volver sobre las reflexiones centrales del mismo, intentando en primer término focalizar el debate en los aspectos que hacen a la raíz de los desafíos del desarrollo urbano sostenible de nuestra ciudad y, complementariamente, aclarar posibles alusiones sectoriales o institucionales. 

¿Cómo lograr que nuestra ciudad, más aún la metrópoli cruceña, sea asumida cómo un proyecto de bien público? ¿Cómo recuperar los espacios públicos de la práctica del loteo en manos de los intereses corporativos del comercio informal? ¿Cómo ordenar el transporte público, la movilidad urbana, dominado por los transportistas? y ¿cómo superar la visión restrictiva de la inseguridad ciudadana únicamente atribuida a la acción delincuencial y por tanto como responsabilidad exclusivamente policial?

He aquí los desafíos estratégicos que, si bien interpelan de manera particular al gobierno de la ciudad, a cerca de 70.000 gremiales, una cantidad similar de transportistas y alrededor de 4.000 policías y oficiales; sin embargo, al estar en juego la calidad de vida de cerca de dos millones de ciudadanos, la construcción de una ciudad sustentable se convierte en un desafío de todos.

Para pasar del eslogan a la realidad, requerimos traducir las diversas y saludables adhesiones al traslado del mercado Abasto en la conformación de un consejo ciudadano que articule a los actores clave que pueden modificar el pensar, el sentir y el actuar de amplios sectores de la ciudadanía, sustituyendo las negociaciones bilaterales de carácter territorial, traducidas en el ‘toma y daca’, por la práctica de negociaciones espaciales buscando un bien superior, una imagen objetivo compartida de ciudad, en función de la cual se subordinen los objetivos sectoriales y se eviten asimetrías que están generando la colisión de intereses.

El cambio de enfoque se sustenta en los principios de equidad e inclusión, de manera que al mismo tiempo de procurar una ciudad saludable de todos y para todos, dignifique a los cerca de medio millón de integrantes de las familias de gremiales y transportistas, y revalorice a la Policía Boliviana, que se encuentra en un proceso de ‘reforma que abarca el régimen normativo, el fortalecimiento  institucional orgánico y funcional, el fortalecimiento de la educación y doctrina policial, la transparencia y lucha contra la corrupción y los aspectos  de bienestar social del  policía’  (rendición pública de cuentas 2016 del Ministerio de Gobierno), destacando además la actitud proactiva del Comando Departamental, que viene articulando esfuerzos con el conjunto de los actores sociales e institucionales de nuestra ciudad en procura de un enfoque integral del abordaje de la seguridad ciudadana, por lo que si hubo alguna alusión sobre la conducta de la Policía en mi artículo anterior, se refiere a realidades en ciudades vecinas en proceso de  superación.

Este abordaje integral se expresa en el imaginario de una “ciudad segura, libre de violencia que promueva el desarrollo humano sostenible y el ejercicio de las libertades, derechos y responsabilidades ciudadanas con énfasis en las generaciones jóvenes”, como reza la visión construida fruto de una consulta ciudadana con la participación en talleres distritales de cerca de 500 líderes vecinales y 200 líderes juveniles en el proceso de formulación del Plan Municipal de Seguridad Ciudadana para el próximo quinquenio, el mismo que se encuentra en la fase de consulta con los actores clave de la ciudad. 

Pero además asumir un enfoque holístico significa transversalizar la seguridad ciudadana al conjunto de las reparticiones municipales, como las secretarías de desarrollo social, de cultura, de movilidad urbana, de desconcentración, articulando al mismo tiempo al conjunto de actores territoriales a través de los consejos distritales de seguridad ciudadana y los actores institucionales clave de la ciudad, como el sector educativo, profesional, comunicacional, empresarial e instituciones privadas de desarrollo social, que coadyuven bajo el principio de corresponsabilidad con el Concejo Municipal de Seguridad Ciudadana presidida por el alcalde municipal y el comandante departamental de la Policía.








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