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| 29/08/2017


Fatales conveniencias

En agosto, siete mujeres han sido detenidas acusadas de abortar, entre ellas una menor de 16 años, y una madre de dos niños de 1 y 2 años. En varios de estos casos, las mujeres fueron detenidas junto a sus parejas. Las personas denunciantes son médicos o personal de los centros de salud.

Del otro lado de esta tragedia, Luis Larrea, presidente del Colegio Médico de La Paz, declara: “Acatamos la ley”, y luego se justifica: “Si no se denuncia se estaría obrando como cómplice de este delito”. El señor Larrea preside desde el 2010 el Colegio Médico paceño, habiendo sido ratificado por cuarta vez consecutiva el año pasado, en un congreso que además determinó la suspensión de elecciones por dos años, de tal modo que él permanezca hasta el 2018 en ese cargo.

El presidente del Colegio Médico cruceño también se manifestó en contra del aborto hace algunos meses: "Nuestra formación ética y académica es para salvar vidas y no para legalizar la muerte". Sin embargo, durante este año esa institución convocó varias veces al paro, hasta que finalmente un fallo judicial lo prohibió, para garantizar el derecho a la salubridad de las personas.

De esos paros, varios fueron para bloquear la vigencia del Decreto 3091, que crea la Autoridad de Control y Fiscalización del Sistema Nacional de Salud que, entre otros, pretende controlar la correcta prestación de los servicios de salud, evaluar la calidad de los servicios otorgados por los establecimientos de salud, y garantizar y defender los derechos del usuario. 

Según el Comité de Lucha contra la Negligencia Médica de Bolivia cada semana se presentan tres denuncias por negligencia médica, y en los últimos 25 años se han contado hasta 5.000 casos de mala praxis. Solo el 5% es resuelto, y hasta ahora los colegios médicos se han opuesto a una ley específica.

¿Qué decir de los médicos y las médicas que esgrimen objeción de conciencia cuando se trata de practicar un aborto a una mujer que ha sido violada, pero que acatan religiosamente todos los paros médicos? ¿Qué decir de la formación ética y académica de los médicos y médicas que imponen operaciones de cesárea a mujeres que pueden tener un parto normal? ¿Qué vida defienden cuando rehúsan atención a una mujer con hemorragia vaginal? ¿De quién es la vida que defienden cuando bloquean una ley contra la negligencia médica?

Qué fácil es juzgar y decir “yo defiendo la vida” desde la buena vida que da la impunidad. 








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