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OPINIÓN



| 23/04/2018


Evasores en competencia

Algo tiene de raro el sistema impositivo boliviano que todos denuncian la existencia de evasores.

El presidente Evo Morales dijo que los empresarios privados evaden el pago de impuestos y los empresarios dijeron que quien alienta la evasión es el Gobierno, por la evasión de los ‘ilegales’.

A esto se suma la denuncia de la Gobernación de Santa Cruz, de que el Gobierno central está cometiendo ‘evasión distributiva’ al negarse a entregar el IDH del campo petrolero Incahuasi.
La denuncia del presidente quizá no tenga mucho sustento, pues el Sistema de Impuestos Nacionales (SIN) informa todos los años que sus recaudaciones han crecido respecto de las gestiones anteriores.

En 2017 las recaudaciones superaron un 7,4% a las de 2016, dicen las estadísticas formales. Pero aquí hay una observación: la universidad de Santa Cruz revela que el año pasado sus ingresos por coparticipación tributaria cayeron un 5% respecto de 2016. ¿Cómo puede ser que las recaudaciones globales hubieran aumentado un 7,4% pero la coparticipación, que es porcentual, hubiera caído un 5%?

Aquí hay un gato encerrado con nombre y apellido. Ocurre que las universidades no reciben su parte de las multas y sanciones que aplica el SIN. 

Esta evasión estadística no ha sido detectada en el exterior, a juzgar por lo que dicen el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial sobre la situación tributaria que se da en Bolivia.

Dice el informe del BID que Bolivia es el país que más elevó la imposición tributaria a la renta, utilidades y ganancias de capital en América Latina y el Caribe entre 2011 y 2015.

La presión tributaria en Bolivia equivale a 8,4 puntos del PIB, en Perú llega a 4 puntos y hay países, como Barbados y Jamaica, con solamente 1 punto.

Mientras tanto, el BM dice que el promedio de la presión tributaria en la región es de 20,1 por ciento del PIB y que en Bolivia llega a 26,6 por ciento.

 Si se añadieran las ‘recaudaciones’ por concepto de multas y sanciones, esos porcentajes serían mucho mayores. El Banco Mundial y el BID tienen cifras que no incluyen otras cartas ni espadas, como las sanciones que cada cinco años deben pagar los propietarios de tierras en Santa Cruz por concepto de la Función Económica y Social (FES).

Muchos gatos encerrados.








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