Opinión

En los márgenes de la ciudad

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11 de noviembre de 2017, 4:00 AM
11 de noviembre de 2017, 4:00 AM

Decenas de personas dependientes del consumo de drogas que viven en canales y otras zonas de la ciudad revelan la incapacidad de las autoridades del Estado boliviano para reintegrar a quienes enfrentan la marginalidad y la extrema pobreza.

Es una paradoja que una región que ha enfrentado una expansión económica sin precedentes a escala global, no logre contar con una red social que permita frenar la indigencia que a diario vemos en los principales accesos e intersecciones de la urbe cruceña.

Un experto en la materia señaló que unas 800 personas viven en situación de calle en Santa Cruz de la Sierra, el 70% de ellas menores de edad. Un relevamiento hecho por EL DEBER halló que unas 300 personas están organizadas en ‘gremios’ instalados en ocho puntos de la ciudad. 

Los informes señalan que, pese a los esfuerzos, solo el 30% de los drogodependientes que llegan desde esos lugares de la ciudad culminan sus programas. En muchos casos, los vecinos de los centros de acogida resisten la llegada de los jóvenes indigentes por temor a un incremento de la inseguridad.

Lo cierto es que los tres niveles del Estado (Gobierno nacional, Gobernación y Alcaldía) tienen competencia en esta temática, pero ninguno asume la iniciativa para darle una solución definitiva. 

Es así que no se cuenta con algún centro público del nivel central; la Gobernación apoya con Bs 2,5 millones en becas alimenticias anuales a 12 centros de rehabilitación administrados por iglesias; y la Alcaldía cruceña tiene un centro de rehabilitación, pero que solo se ocupa de los consumidores habituales y no de los severos, como los que están en las calles.

Es decir, lo que hace el Estado para reintegrar a los drogodependientes y los indigentes es absolutamente insuficiente.

La salida fácil es hacer prevalecer el enfoque represivo a través de la Policía, que ve a estas personas enfermas como un problema para la seguridad de los vecinos más que como un sector de la población que llega a esos extremos por un fracaso previo de la propia sociedad.

La institución policial remarca que faltan centros de rehabilitación y que se debe actuar rápidamente dado que el fenómeno está en expansión con el consecuente riesgo social.

La situación se agrava en tiempos de ralentización económica, incremento del desempleo y aumento del consumo de drogas, tal como ocurre en el país en los últimos años. 

Cabe esperar que las autoridades nacionales, departamentales y municipales pongan en marcha un plan integral para ayudar a este sector de la población cuya extrema situación debe preocupar a todos.

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