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OPINIÓN



| 20/06/2017


En defensa de los cocaleros

Los bolivianos tenemos una tara, nos han dicho que la cocaína es mala y que es nuestra responsabilidad evitar que los consumidores en el resto del planeta consuman este estupefaciente. Tal es nuestro complejo, que incluso cuando llegó a la Presidencia un sindicalista cocalero que hizo su carrera política a punta de resistir las invasiones y abusos del Estado contra los agricultores de dicho cultivo en Chapare, siguió con el estribillo de que hay que luchar contra el narcotráfico y limitar los cultivos de coca. 

Si yo asesorara al presidente, le diría que abrogara la nueva Ley de la Coca y la Ley 1008, para sustituirlas por nada, para dejar de tratar a la coca como algo especial y permitir que cualquier agricultor en cualquier parte del país la cultive. Alguien dirá que esto no es posible porque tenemos compromisos con la Organización de Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos, etc. Entonces tendríamos el doble beneficio de salirnos de esos organismos multinacionales, que, en realidad, no sirven para nada que no sea multiplicar el número de diplomáticos ociosos que vacacionan y hacen vida social a costa de los impuestos de la gente que trabaja. 

Los productores de coca de Yungas se oponen a la nueva Ley de la Coca. Aducen, por lo que he leído, que hay un favoritismo a los productores chapareños. Pero ellos tienen un argumento más poderoso: el derecho, anterior incluso al Estado, a su libertad y al uso de su propiedad como mejor les venga en gana. Los cocaleros, los agricultores y, en realidad, todos los ciudadanos debemos resistir la intromisión cada vez más burda y arbitraria del Estado en nuestras vidas privadas, coartando nuestra libertad y nuestra propiedad. 

El debate no gira en torno a si la coca o la cocaína son buenas o malas, porque tanto si son buenas como si son malas es totalmente irrelevante. El debate debe girar en torno a que si yo, como hombre adulto y ciudadano libre, tengo el derecho a consumir cocaína si me viene la regalada gana o, más bien, qué potestad le he dado yo al Estado, como dueño de mi propia vida, para que él decida por sobre mí lo que yo quiero meterme a la boca. Yo, por lo menos, declaro que no le he dado esas potestades a ningún Estado. 








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