El origen de la inseguridad no es la pobreza
No hay duda de que en el Estado Plurinacional se vive una severa crisis de seguridad pública y que las autoridades de los tres niveles de la conducción política deben invertir más interés, más recursos y adoptar una firme decisión en el combate a la criminalidad; es momento de comenzar a preocuparse en serio porque pretender hacernos creer que con ‘cero tolerancia’ , ‘mano dura’ o que ‘nunca más ocurrirá’ van a controlar la delincuencia, es una falacia.
El epicentro de los problemas más graves es el departamento de Santa Cruz, con asaltos en domicilios, en las calles, en el transporte público, negocios, empresas, violaciones a menores, personas acribilladas por sicarios o conflictos recurrentes y de gran magnitud en el penal de Palmasola; en Oruro, el ‘terrorismo doméstico’, con las explosiones cuya investigación hasta la fecha no deja resultados del todo claros, así como tampoco se vislumbra luz sobre el asesinato de dos sargentos, a manos de una banda delincuencial, en un caso que, por las características, lugar y actores tiende a quedar impune.
Frente al estrepitoso fracaso de las políticas del Gobierno para controlar este mal que, a la vez es resultado de la i-neficacia institucional y de una lamentable descomposición política, las propuestas de los distintos niveles de responsabilidad han oscilado entre la inexperiencia, las generalidades en las ‘famosas cumbres’ que no dicen nada y los lemas totalmente fatuos.
La clásica respuesta de algunas autoridades y pensadores es culpar a la falta de una sólida educación, a la responsabilidad de los padres y a la pobreza, pero hablemos solamente de este último punto: ¿se puede pensar que se delinque más cuando se es pobre? Quien no conoce el accionar de la criminalidad puede afirmar eso. ¿Acaso los que matan mujeres y las violan lo hacen porque son pobres? ¿Acaso los que roban al Estado, como en el ‘caso Zapata’, el Fondo Indígena, el Banco Unión, el combustible a YPFB, las barcazas chinas, la empresa constructora del Ejército y otros casos más, lo hacen porque son pobres? Y lo mismo con las organizaciones delincuenciales, las que se dedican a la extorsión, a la trata de personas o las que hacen negocio con mercadería de contrabando y el narcotráfico, ¿acaso estos son pobres?
Es un agravio sobre las personas de escasos recursos; ellos no solo son víctimas de la delincuencia común o callejera, sino también de la delincuencia de máxima criminalidad con poder económico y político. ¿Y qué de las organizaciones defensoras de los derechos humanos? Estas brillan por su ausencia. Nadie explica de qué manera van a proponer una estrategia de contención a la escalada de la delincuencia, no hay asomo de autocrítica por parte de la Policía ni del Gobierno respecto a lo que han hecho mal. No saben leer el drama que enfrentan cotidianamente los ciudadanos y, además, nadie les puede reprochar porque ellos son los ‘únicos que razonan’.
Los políticos, si no proponen algo serio y factible ahora, en época de campañas electorales será tarde. Necesitamos cimentar un debate abierto, informado y serio, que los responsables de la seguridad ciudadana demuestren mayor conocimiento del tema, que se dediquen a ello con decisión y energía, pues de su correcta solución depende la tranquilidad del país para devolver la esperanza y permitir el logro de las aspiraciones de los ciudadanos.
