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| 21/01/2018


¿‘Él’ o el código?

“Hermanos y hermanas, seamos sinceros, aquí no es contra el código, es contra el proceso, es contra el Evo. Usan el código para que Evo no sea presidente nuevamente”, dijo, muy suelto de cuerpo, el presidente Evo Morales, convencido de que si de él se trata, todo lo demás es una excusa y creo que se equivoca, porque el país se moviliza contra el código como un hecho puntual, aunque la no-repostulación o no reelección de Morales es un asunto cerrado desde el 21 de febrero de 2016.

Esto no se trata de “cambiar código por candidatura”, se trata de que ninguna de las dos posiciones del poder son aceptables; el código, porque viola derechos civiles y conquistas democráticas: art. 13. I. (los derechos reconocidos por esta Constitución son inviolables, universales, interdependientes, indivisibles y progresivos. El Estado tiene el deber de promoverlos, protegerlos y respetarlos). Y la candidatura, porque su habilitación ya fue negada por un referendo, está prohibida por Constitución, refrendada en otro referendo aprobatorio de la ley de leyes y porque la ilegal ‘habilitación’ del militante TCP no admite el más simple cuestionamiento, como veremos más adelante.

No pretendo hacer un detalle de los artículos violatorios ni admitir que se los compare con ‘los avances’ largamente alabados por el oficialismo, porque sostengo que es inadmisible aceptar “más años de cárcel” o “la introducción de nuevos tipos penales” a cambio de que, por ejemplo, una persona pueda ser detenida en su domicilio sin necesidad de orden judicial, siendo que la Constitución protege tal situación (art. 25) como un hecho sine qua non procede tal hecho excepcional, de manera que el tema no es ese, sino que está claro que el presidente no solo que no entiende de qué se trata esto, sino que se da el lujo de ofrecer “un año de debate para cambiar lo que haga falta”, sin darse cuenta de que el código es una ley (1005) y que la ley se cumple. 

Si Morales busca tener un elemento negociador, se equivoca, porque aun cuando ‘abrogue’, es decir, deje sin efecto el código, su candidatura es un imposible legal, aceptado solo porque los miembros del TCP saliente actuaron como militantes de su partido y no en defensa de la legalidad y constitucionalidad nacionales. El partido del presidente no debió invocar o acudir al Convenio de San José de Costa Rica, porque tal pacto protege los derechos de los ciudadanos y no los de los gobernantes en ejercicio. Ese es un elemento fundamental que debió ser observado por el TCP, que no tenía competencia para revisar, anular o, peor aún, decretar la inaplicabilidad de la Constitución, porque, como hemos dicho, el control de constitucionalidad se hace a leyes o decretos que colisionan contra lo establecido en esa Constitución, pero, evidentemente, más puede el poder que la ley, y así actuaron.

El presidente y sus seguidores no entienden que las restricciones de la CPE no violaron nunca el derecho de un mandatario que ya había sido dos veces presidente, así tenga expectativas de seguir siéndolo. El pacto, la OEA, pueden opinar o dictaminar diciendo lo mismo, y Morales, que acudió a ese texto, debiera irse tranquilo “a poner su restaurante a Chapare”, si acaso sigue siendo su deseo, pero tengo la impresión de que no va a ser fácil, va a resistir hasta donde sea, va a ensuciar el juego democrático. Las señales son claras: la violencia simbólica del ‘vice’, el ir marcando los límites entre los ‘ellos y nosotros’ y, por qué no, la detención de un ciudadano acusado en el caso Rózsa; puede que prospere o no, lo que no deja es de tener un mensaje… vamos de nuevo, no se metan; ¿intentarán volver a la política del miedo? 








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