OPINIÓN



| 11/03/2017


El impuesto a la coca

L os dirigentes de los cocaleros de Chapare han decidido ayudar al Gobierno a enfrentar las críticas que recibe por la legalización de sus cultivos y, para ello, se les ha ocurrido la idea de anunciar que están dispuestos a pagar impuestos. La nueva Ley General de la Coca ha descartado la idea, que había sido considerada factible durante los días de elaboración del texto, previendo que provocaría críticas, como en efecto ha ocurrido.

Por el momento, antes de analizar el detalle del impuesto, el problema que enfrenta el Gobierno es la rebeldía de los cocaleros de Yungas, que insisten en la propuesta de un referéndum nacional, y ahora anuncian que lo propondrán al próximo Gobierno nacional. Si los cocaleros de Chapare insisten en pagar un impuesto, el tema deberá ser tratado por expertos del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) a partir de informaciones completas sobre esa actividad. Lo que se sabe con certeza es que en Chapare los cocales producen cuatro cosechas al año, en lugar de las dos que se dan en Yungas, lo que ofrece un primer detalle que se deberá tomar en cuenta. Si el impuesto ha de ser a la producción, habrá que diferenciar el rendimiento de los cocales por año, lo que daría que, desde ese punto de vista, 7.700 hectáreas en Chapare equivalen a 15.400 en Yungas, es decir, el doble.

Los dirigentes de los cocaleros de Chapare han llegado a usar tonos desafiantes para retar a sus colegas de Yungas a que ellos también acepten pagar impuestos, y lo hicieron seguramente sin tomar en cuenta el detalle de la diferencia en la cantidad de cosechas por año que se dan en las dos regiones. Todo lo demás es un misterio, que deberá ser desentrañado por los expertos que fueran convocados a estudiar el tema.

Los propios dirigentes de los cocaleros de Yungas repiten y subrayan con insistencia el hecho de que la ONU estableció que el 94% de la coca de Chapare no va al mercado legal, lo que permite sospechar que va al narcotráfico, como lo repite incluso la oposición política. Por lo tanto, si se ha de tomar en cuenta el precio de venta de la hoja, que facilitaría el cálculo para el impuesto, se estaría entrando en terrenos difíciles, pues estas operaciones no se hacen con factura.

Por de pronto, la ciudadanía ha hecho conocer en las redes sociales que sería justo que los cocaleros paguen impuestos, dados los tan elevados ingresos con que cuentan 








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