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19 de enero de 2018, 4:00 AM
19 de enero de 2018, 4:00 AM

A fines de julio del año pasado, Lily Gabriela Montaño, al alabar el “cambio de lógica” del nuevo Código Penal, declaraba a la Agencia EFE que se planteaba castigar con 25 años de cárcel por forzar sexo en el matrimonio. “Es absolutamente posible que una mujer dentro del matrimonio en un momento no esté de acuerdo con tener relaciones sexuales con su pareja y esta tiene que tener la capacidad de respetarla y si no la respeta, es violación”. Dijo que el reto estará en “explicar a un juez, fiscal o policía que deje de exigir pruebas de violencia a las víctimas”. 

¿En qué mejora esa idea al antiguo Código Penal? ¿Cuál es el sentido de ese castigo? ¿Qué interpretará un juez? ¿Hubo un forcejeo una vez, dos veces, cinco veces? ¿Por qué sigue entonces ese matrimonio? ¿Qué dicen de la esposa que no se deja tocar, de la frígida, de la seca menopáusica? ¿Quién probará realmente violación dentro del matrimonio? Y si es una unión de dos personas del mismo sexo, ¿cómo va la cosa?

¡25 años de cárcel para el marido que actuó con o sin violencia! Mientras, se tiene compasión con los que roban al Estado o al Banco Unión, con las Zapatas y los traficantes de drogas en los colegios. Se niega a los médicos su objeción de conciencia en casos de aborto y se criminaliza a los pediatras que salvan miles de vidas. Así es el Código Penal que quieren imponer al pueblo boliviano.

Y ese fue el tono permanente de Montaño en los meses de debate. Mientras Gisela López se limitó a insultar en vez de ‘canalizar’ como es el mandato de su cartera el diálogo y la información entre el Poder Ejecutivo y la sociedad civil. Desde el otro frente, Adriana Campero se dedicó a echar fuego a lo que todavía era una brasa, imitada ahora por Alfredo Rada.

El 25 de mayo, la otra defensora del proyecto, Susana Rivero, advirtió que “el artículo sobre el aborto no cambiará un milímetro” y junto a su colega Adriana Salvatierra se burlaron de los miembros de la Plataforma por la Vida. “No vamos a negociar los derechos de las mujeres con mentiras y con infamias. Esta comisión no va a mover ni un milímetro lo que aprobó”. Eran vanas las reuniones y, más tarde, las legisladoras no recibieron a representantes católicos. Escucharon lo que ellas querían, aunque las encuestas mostraban que la posición mayoritaria de la población era otra. ¿Por qué se negaron a encontrar propuestas aceptables para todos? Rivero ahora pide diálogo; parece ya tarde.
No es sorprendente la participación de las comunidades religiosas en las marchas de los últimos 40 días, la actitud de pastores, monjas y curas, obispos y de la propia Conferencia Episcopal. En varios momentos, diferentes representantes del MAS los han ofendido, sin respetar la confianza de los bolivianos en la Iglesia. Por algo la muchedumbre cruceña terminó su protesta rezando.

Aún siguen empeñados en no escuchar, en no entender lo que está sucediendo en las calles y en los paros cívicos, por qué salen los ciclistas, los ancianos, las mujeres, las comparsas, las caseras. ¡Y nadie les pide fichas! Olvidan las metas de su Plan de Desarrollo 2016-2020: “Saber comunicarse y oír: se ha promovido el diálogo y complementariedad entre las personas y la sociedad”. “Saber amar y ser amado: se ha avanzado en la construcción de una sociedad con afectividad en todas sus expresiones”.

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