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OPINIÓN



| 18/08/2017


Duelo en el Tipnis

Ha querido el azar que un día antes de que Evo Morales firmara, en Trinidad, la ley que suspende la “intangibilidad” del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis), la avioneta que pilotaba Roger Pinto Molina se desplomara nada más despegar del aeropuerto de Luziânia, estado de Goiás, cerca de Brasilia, donde el exsenador por Pando vivía exiliado. La avioneta quedó destrozada y el piloto murió después de cuatro días de agonía. Como se recordará, Roger Pinto Molina (Santa Rosa, Beni, 23.04.1960 – Brasilia, 16.08.2017) denunció al narcotráfico - en la influyente revista brasileña Veja (2011)- como el gran beneficiario de la construcción de una carretera a través del Tipnis. Su denuncia implicaba a altas autoridades del Gobierno Plurinacional. Pinto tuvo que refugiarse en la embajada de Brasil, cuyo asilo (La Paz, 2012) y posterior fuga bajo escolta diplomática (2013) le costó el puesto al embajador brasileño Marcel Biato, y la dimisión del ministro de Relaciones Exteriores del Gobierno de Dilma Rousseff, Antonio Patriota. Durante tres años, el Tipnis dejó de ser noticia hasta que, en 2016, la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico (Felcn) interceptó una carga de cocaína valuada en un millón de dólares, a orillas del río Sécure, cerca de la localidad yuracaré de Santa Teresita, en el trópico cochabambino (Los Tiempos, 02.09.2016).

La nueva ley 266, llamada paradójicamente Ley de Protección, Desarrollo Integral y Sustentable del Tipnis fue aprobada por la Cámara de Diputados el 4 de agosto y el Senado la refrendó el 9 de agosto. Cuatro días después, el 13 de agosto, el presidente de las seis federaciones de cocaleros del Chapare la firmó en la capital del Beni, Trinidad. (¿Por qué no la firmó en el Tipnis?). Toda esta secuencia debió haber sido seguida con interés por el actual embajador plurinacional ante la ONU, Sacha Llorenti. Da la ‘casualidad’ de que Llorenti era ministro del Interior cuando la policía reprimió en Chaparina, con inusitada violencia, a mujeres, ancianos y niños, integrantes de la VIII Marcha Indígena por el Tipnis. El ministro Llorenti se lavó las manos; el presidente Evo no sabía nada y el vicepresidente tampoco. ¿Quién dio la orden? El viceministro de Interior y la cúpula policial cargaron con toda la culpa y renunciaron sin rechistar. Nadie se creyó el embuste. Y los masistas disidentes, Pablo Solón y Rafael Archondo, menos. 

En las últimas elecciones parlamentarias, el escritor Manfredo Kempff Suárez, en una de sus brillantes columnas de EL DEBER, instó a los partidos de la oposición a unirse en un frente común para preservar la mayoría en el Congreso. De ir cada uno por su lado, cederían la mayoría absoluta al MAS, consagrando de esta manera la sumisión del Congreso al dictado del Palacio Quemado. Así fue y así ha sido en el caso de la ley 266 sobre el Tipnis. Y así nos va.  
Madrid, 18.08.2017. 








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