OPINIÓN



| 30/04/2017


¡¡¡Desgobierno!!!

El Gobierno acaba de decretar un alza salarial como si el país hubiera tenido un año excepcional, cuando en el que pasó el mismo Gobierno se obligó a ponerse en vereda y no ‘repartió doble aguinaldo’. No obstante, dispuestos a ‘recuperar’ clientelismo político basado en la supuesta bonanza de la billetera ajena, carga sobre el sector privado que no puede hacer nada para impedir las barbaridades recién decretadas. Alguien podrá decir que se exagera cuando se escribe la palabra ‘barbaridades’, pero los invito a leer el último párrafo del acuerdo entre trabajadores y Poder Ejecutivo encabezado por el presidente, en persona, del 27 de abril por la noche: “Dejando el Gobierno salvada su responsabilidad en el caso de presentarse efectos negativos sobre el empleo”.
 
¿Qué significa esta especie de “lavada de manos”? (Pilatos se lavó las manos y crucificó a Cristo, desde entonces, cada vez que alguien se lava las manos a otro le va mal). Pues, nada más y nada menos que el Poder Ejecutivo es consciente de que esta decisión puede salir mal y que aun así la asume, buscando levantar adhesiones.   
Max Weber decía que los políticos deben reconciliar la ética de la convicción con la ética de la responsabilidad y creo que no le viene mal al Gobierno entender esto. Lo paradójico fue que en algún momento Alfredo Rada (ni más ni menos) dijo: “Una cosa es lo ideal y otra lo posible; entendamos que lo real es que si el Estado no puede y se ‘juega’ las cartas políticas en detrimento de la economía de todos, menos aún el sector privado está en condiciones de asumir este incremento sin que el mismo los debilite a futuro, sin tener, por otro lado, la posibilidad de ‘reformular su política de empleos’”. La CEPB argumentó que el incremento es “una práctica que en los últimos años ha distorsionado toda racionalidad en el manejo de la política salarial”; el tema es que es el mismo discurso (esta vez señalan lo de la distorsión y la irracionalidad) de todos los años, contra lo que no pueden hacer otra cosa, mientras en los hechos, las medianas, pequeñas y microempresas se van cerrando o van zambulléndose en la informalidad; ahí hay “acuerdos entre empleadores y trabajadores”, no hay derechos sociales, no hay planillas y no hay derecho a la i-namovilidad. La “posibilidad de llevar algo a fin de mes” juega su rol.
 
Es desgobierno que el Gobierno “salve su responsabilidad” por la consecuencia que genere la toma de decisiones político-administrativas, eso es un hecho. Y así Morales dice que los empresarios y la clase media están arrepentidos de haber dicho No el 21-F (como pa’ agradecerle están, diría mamá Rosa). 







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