Cuando la ley no es suficiente
Una norma puede ser muy buena en el papel, pero si no se vigila su cumplimiento, queda como una pantalla que esconde una terrible realidad. Eso es lo que pasa con la violencia contra la mujer y la ley 348, por la mentalidad machista y encubridora que prevalece en muchas de las estructuras que deberían garantizar que se acaben los maltratos y los feminicidios en el país.
Un trabajo periodístico en el lugar de los hechos permitió detectar que, aparte del tormento de ser violentadas en sus propios hogares, las mujeres deben atravesar un verdadero viacrucis en busca de justicia. Para empezar, ni siquiera hay coordinación entre las oficinas de recepción de denuncias del Ministerio Público, la Policía y los municipios. Cada una de estas instituciones tiene su propia estadística, lo cual refleja que no existe un esfuerzo conjunto para erradicar el mal.
A decir del mismo jefe de la fuerza policial de lucha contra la violencia contra la mujer, en muchos casos son las mismas fiscales o uniformadas las que enarbolan la mentalidad patriarcal y vuelven a victimizar a las personas que sufrieron golpes o cuyas vidas están amenazadas. No solo eso, los escasos médicos forenses no consideran que las huellas de golpes dados a estas féminas sean tan importantes como la autopsia a una persona ya fallecida u otros casos, lo que determina que ellas deban ser postergadas para el día siguiente o más.
Tampoco hay suficientes policías en las oficinas de lucha contra la violencia de género ni condiciones para que las víctimas hagan conocer su realidad y su denuncia. Además, cuando prestan declaración en algunas reparticiones, como la de la Pampa de la Isla, lo hacen a escasos metros del agresor y con otros testigos ajenos a su realidad, lo que es un límite importante, si se considera que para haber llegado a dar el paso de acusar a un maltratador ellas debieron vencer el miedo y la vergüenza.
La ley 348 establece que los municipios y gobernaciones deben presupuestar la lucha contra la violencia a la mujer, pero la Policía asegura que hace el trabajo con sus propios recursos, sin fondos de estas fuentes.
Mientras tanto, suman y siguen los hechos de violencia, así como muertes que pudieron ser evitadas si se hubiera atendido a tiempo a las víctimas y si se hubiera garantizado la protección de mujeres que se atrevieron a denunciar y que fueron postergadas.
Entonces, de nada sirve contar con una ley, por mucho que su texto incluya muchos tipos de violencia o garantías ‘de papel’. La realidad sigue mostrando que hay hombres que se sienten dueños de la vida de mujeres y que hay autoridades que son indiferentes a ese drama, que ya tiene decenas de huérfanos y cientos de familias sumidas en el luto y la impotencia.
