Control al controlador
El Gobierno ha decidido controlar las redes sociales y ha creado su propia estructura legal y administrativa y le ha asignado un importante presupuesto económico. La preocupación del Ejecutivo no son las redes, sino el poder de las redes, ya que son capaces no solo de molestar con los ‘memes’ a los jerarcas públicos sino también de influir en los resultados del referéndum F-16, las movilizaciones y los reiterados hechos que corrupción.
Las redes sociales han tenido que competir (y a diario compiten) con los medios oficiales en manos del Gobierno, y por supuesto ponen de manifiesto lo que los medios oficiales tratan de ocultar o censurar. Y como el Gobierno parece que tiene mucho qué ocultar, busca cómo controlar a sus controladores. En realidad a ningún Gobierno le gusta que lo fiscalicen y, por tanto, les irrita la libertad de expresión, y buscan cómo minimizar o neutralizar hechos concretos de corrupción y abusos de poder que interesan a la opinión pública.
A las redes sociales no se las puede controlar, menos eliminar (como pretende el Gobierno: habló de guerra), sino todo lo contrario y como sostiene el periodista Andrés Gómez, estas deben servir para: 1) Compartir información y no propaganda. La información es el alimento indispensable de la opinión y la decisión, y la opinión es el fundamento de la participación. 2) Poner en común temas o problemas públicos para fomentar la participación de la ciudadanía en las soluciones y propuestas. Democracia es participar y la participación obliga a un gobierno a la transparencia. 3) Fomentar el disenso, la deliberación y el consenso bajo la filosofía de que los adversarios negocian, pactan y cumplen sus acuerdos; en cambio los enemigos no disienten ni deliberan ni pactan, se matan.
A propósito de los memes ‘ofensivos’, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 2010, Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (OEA. L/V/II, Doc. 5, 7 de marzo de 2011), establece que el carácter ofensivo del discurso, por sí solo, no es razón suficiente para restringirlo. Al discurso que ofende por la intrínseca falsedad de los contenidos racistas y discriminatorios es necesario refutarlo, no silenciarlo; pues quienes promueven esas visiones necesitan ser persuadidos de su error en el debate público. Ante la inquietud de las opiniones no hay mejor respuesta que la justicia de los argumentos, y eso requiere más y mejor discurso, no menos.
En el caso de la controversial película chilena La última tentación de Cristo, la Corte Interamericana sostuvo que la libertad de expresión protege no solo a las expresiones que son “favorablemente recibidas o consideradas como inofensivas o indiferentes, sino también aquellas que chocan, inquietan u ofenden al Estado o a una fracción cualquiera de la población”. Tales son las demandas del pluralismo, la tolerancia y el espíritu de apertura, sin las cuales no existe una sociedad democrática. En todo caso, para que el debate vigoroso sea posible es necesario garantizar mayor y mejor diversidad y pluralismo en el acceso a los medios de comunicación y no buscar cómo limitarlos, menos eliminarlos.
La Constitución en su artículo 21.5 consagra el derecho a “expresar y difundir libremente pensamientos u opiniones por cualquier medio de comunicación, de forma oral, escrita o visual, individual o colectiva”. Y el artículo 106 de la misma Constitución prevé que el Estado garantiza a las bolivianas y los bolivianos el derecho a la libertad de expresión, de opinión y de información, a la rectificación y a la réplica y el derecho a emitir libremente las ideas por cualquier medio de difusión, sin censura previa.
En estos términos el constituyente ha reconocido este derecho fundamental del que gozan por igual todos los ciudadanos y que les protege frente a cualquier injerencia de los poderes públicos que no esté apoyada en la ley, e incluso frente a la propia ley en cuanto esta intente fijar otros límites que los que la propia Constitución admite.
La libertad de expresión, opinión e información es un derecho fundamental e inalienable, inherente a todas las personas y constituye además un requisito indispensable para la existencia de una sociedad democrática. La necesidad de tutelar este derecho se debe a que es un valor esencial e imprescindible para la vida en sociedad, que si se pierde se pone en peligro la vigencia de los otros principios fundamentales del Estado Constitucional de Derecho: sin libertad de expresión, no hay democracia.
