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17 de abril de 2018, 4:00 AM
17 de abril de 2018, 4:00 AM

El Gobierno del Movimiento Al Socialismo busca sistemáticamente concentrar la mayor parte posible de los recursos públicos en el nivel central del Estado, al punto de manejar actualmente el 85% de los fondos que ingresan al TGE.

Al mismo tiempo, vemos que se están generando con inusitada frecuencia grandes escándalos de corrupción, alcanzando récords históricos de latrocinio, despilfarro y malversación. Basta con recordar el caso CAMC -con más de 500 millones de dólares adjudicados sin licitación a la empresa de la que era gerente la pareja del presidente- para calibrar las dimensiones del fenómeno.

Los dos temas no son independientes, sino que hay un vínculo estructural entre centralismo y corrupción, entre la concentración de recursos en el Gobierno nacional y los mecanismos de enriquecimiento ilícito. 

Por supuesto que puede haber casos de corrupción en los niveles subnacionales, pero al estar más cerca de la gente estas administraciones son relativamente más controlables, resultando más difíciles de ocultar los negociados.

También hay que tener en cuenta la hegemonía sobre los tres poderes del Estado que se da en el Gobierno central, algo que impide la correcta fiscalización. Hegemonía que no siempre se replica en los gobiernos departamentales y municipales. 

De forma que el centralismo acabó siendo el método que puso a disposición discrecional de una nueva élite burocrática la enorme renta de la pasada bonanza gasífera, lo que se repite ahora con los créditos chinos.

De ahí que esa burocracia concentradora bloquee todo intento de redistribución de recursos hacia las regiones, ya sea dilatando indefinidamente el pacto fiscal o congelando regalías como ha venido sucediendo con el campo de Incahuasi. 

Independencia de poderes y transferencia de fondos hacia los niveles públicos más fiscalizables son dos de los pilares de la política anticorrupción que habrá que aplicar en los próximos años, junto con una normativa que prohíba a las empresas estratégicas del Estado dar adjudicaciones sin licitación y una oficina de transparencia que no dependa del Palacio Quemado. 

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