OPINIÓN



| 12/10/2017


Cataluña y la reforma del Estado español

Con una ambigua declaración de independencia, suspendida después por el Parlamento para dar paso a un diálogo con Madrid, Cataluña ha dicho al mundo que quiere un cambio de fondo para su existencia como territorio autónomo.

Bajo enorme presión internacional y frente a un escenario que pintaba mal, el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, presentó los resultados del referéndum del 1 de octubre en el que más de 2 millones de personas dijeron Sí a la secesión y a la creación de una república independiente. 

Está claro que Cataluña había quedado sola en su afán independentista y que no están dadas las condiciones geopolíticas, económicas ni legales para dar semejante paso; sin embargo, el referéndum ha logrado decirle al mundo que los catalanes tienen una legítima aspiración por la autodeterminación que el Estado español y la comunidad internacional tienen la obligación de canalizar. 

Frente a la incertidumbre, decenas de empresas tomaron la decisión de trasladar sus oficinas centrales fuera del territorio catalán, lo que generó un riesgo objetivo para la economía de Cataluña, que es el motor de España.

La suspensión de la independencia y la apertura al diálogo es una buena noticia. Cabe esperar que las autoridades del Gobierno central español tomen nota de esta señal política. 

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha pedido informes sobre si hubo o no una declaración formal de independencia, que si fuera así llevaría a activar el polémico artículo 155 de la Constitución que implica la suspensión de la autonomía y la detención de sus autoridades. La represión del referéndum del 1 de octubre no hizo más que fortalecer la demanda independentista, que no se repita esa vía para resolver un problema que es estrictamente político.
La  confrontación no parece el mejor camino. El modelo autonómico español que se instauró con la Constitución de 1978 está agotado, principalmente, por las ‘comunidades históricas’ (Cataluña, País Vasco, Galicia y Andalucía), con lengua propia o culturas muy características, reclaman un nuevo sistema de distribución de recursos fiscales, dado que el actual ha resultado insuficiente y ha generado graves fricciones con el poder central.

Cataluña, en particular, que aporta con el 19% del PIB español, señala con razón que da más recursos de los que recibe del Gobierno central y que su demanda refleja la distancia que esa región tiene en casi todos los planos respecto de España.

Los partidos políticos ya comienzan a discutir una reforma de la Constitución que permita un cambio estructural del Estado español. Ojalá ese camino permita canalizar la legítima demanda de autodeterminación de Cataluña, todo por la vía del diálogo y la concertación.








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