OPINIÓN



| 29/10/2017


Cataluña y crisis de Estado en España

En medio de una profunda crisis geopolítica, sin respaldo internacional y al margen de la ley, el Parlamento catalán aprobó la Declaración Unilateral de Independencia (DUI) de Cataluña, lo que ha obligado al Gobierno de Mariano Rajoy a intervenir la autonomía en el marco del artículo 155 de la Constitución española.

Se trata de una decisión que genera una convulsión de enorme magnitud, no solo para España, sino para la Unión Europea en su conjunto, que no permitirá la secesión catalana so pena de que otras regiones puedan igualmente cuestionar a los Estados nacionales y destacar una fragmentación de consecuencias impredecibles.

El País Vasco, en la propia España; Escocia en el Reino Unido; Baviera en Alemania; Flandes, en Bélgica; Padani y Tirol del Sur, en Italia; y, Córcega, en Francia, son las regiones que pueden imitar el camino separatista catalán, un escenario que sería catastrófico para la UE. 

En el caso catalán, hay que reconocer, se presenta un choque entre legalidad y legitimidad. El planteo independentista está fuera de la Constitución, que no permite un referéndum como el que se llevó a cabo el 1 de octubre y permitió a una mayoría aprobar el pedido de independencia. La misma resolución del Parlamento catalán está fuera de ese marco legal.

Sin embargo, también está el plano de la legítima demanda de los catalanes de ampararse en el derecho a la autodeterminación de los pueblos consagrado por la Carta de las Naciones Unidas. 

Cataluña es el motor económico de España con un aporte del 20% del Producto Interno Bruto (PIB) español y considera que el aporte fiscal no tiene una retribución equitativa para el desarrollo catalán.

A su vez, el pueblo catalán se siente humillado por la decisión del Tribunal Constitucional español que, en 2010, rechazó el Estatuto Autonómico catalán porque el mismo consideraba a la región como una “nación” con plenos derechos a una autonomía plena.

Hoy España suspende la respiración frente a la mayor crisis de Estado de su historia. El descabezamiento del Gobierno catalán, la disolución de su Parlamento, la intervención de la Policía regional y de los medios de comunicación parecen medidas extremas que siguen enardeciendo los ánimos separatistas.

La convocatoria a elecciones para el 21 de diciembre puede transformarse en una salida posible a esta crisis. Sin embargo, quizás el cauce mayor de este conflicto debería pasar por una reforma de la Constitución que permita reformular el régimen autonómico aprobado a fines de los años 70 y que hoy parece haber cumplido su ciclo histórico.







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