OPINIÓN



| 20/05/2017


Caridad con dinero ajeno

El anunciado Plan Nacional de Empleo (PNE) deja en evidencia la precariedad del manejo económico del Gobierno. Uno de los ejes del PNE es el referido a la inserción laboral, que consiste en la financiación por parte del Estado del 30% del salario mínimo (SM) de los nuevos trabajadores, mientras que el restante 70% será cubierto por los privados.

Dado el SM actual de Bs 2.000, esto significa que el Estado deberá pagar Bs 600 por cada nuevo trabajador que sea contratado como parte del PNE. ¿De dónde saldrá este dinero? ¡De nuestros propios bolsillos! Para ponerlo de forma sencilla, usted trabaja duro, paga sus impuestos y el Estado asigna este dinero para beneficiar a un empleador bajándole sus costos.

Esto significa menos recursos para otros proyectos que lo pudieran haber beneficiado a usted directamente. Ahora bien, supongamos que estamos de acuerdo en que nuestros impuestos sean asignados a este programa. ¿Qué pasará cuando finalice el PNE? ¿Estarán dispuestos los empresarios a pagar el SM sin la ‘ayuda’ del Estado? Estas interrogantes desnudan el carácter parche de la medida y su insostenibilidad incluso en el mediano plazo. Si lo que se quiere es insertar a los jóvenes al mercado laboral, entonces ¿por qué no excluirlos del salario mínimo? Por ejemplo, el SM de Bs 2.000 podría aplicarse solo a los mayores de 23 años (por dar una edad) y todos aquellos menores de 23 podrían negociar libremente su salario con el empleador. Esto bajo el supuesto (bastante realista) de que, en general, los jóvenes tienen poca experiencia y, por tanto, al ser menos productivos merecen un salario menor.

Lógicamente, para el Gobierno esto implicaría reconocer las ventajas del mercado y traicionar su discurso; por lo que una medida políticamente más viable sería la de implementar un salario mínimo diferenciado. O sea, el actual SM de Bs 2.000 se aplicaría para aquellas personas mayores de 23 (para seguir con el ejemplo), mientras que un SM menor (podría ser Bs 1.500), a menores de 23 años. En cualquiera de ambas, gana el Estado, que puede disponer de ese dinero para otros fines; gana el empleador al ver reducidos sus costos; gana el trabajador joven al poder hallar un empleo que le permita ganar experiencia, y ganamos nosotros, que pagamos impuestos.  








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