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23 de septiembre de 2018, 4:00 AM
23 de septiembre de 2018, 4:00 AM

Santa Cruz vive intensamente el mes de su gesta libertaria. En la antesala del ‘24’, un frenesí primaveral envuelve a la metrópoli cruceña convertida en crisol de la bolivianidad y en tierra de oportunidades que, sin mezquindades, se abre para todos. Expocruz es una buena muestra del espíritu emprendedor e innovador del cruceño, que se mantiene indeclinable incluso en las más duras circunstancias. Desde estas ardientes llanuras es posible mirar con fe y optimismo el porvenir en un tiempo señalado como el de la construcción de la Bolivia nueva en libertad y en democracia. No puede ser de otro modo.

Como pocos, el llamado ‘caso Alexander’ exhibe la podredumbre de la justicia boliviana y desvela también los riesgos para el ejercicio periodístico. La Fiscalía, desconociendo la inviolabilidad del ‘secreto de fuente’, exigió a un medio de comunicación la identidad del autor de la entrega de un audio revelador de un montaje truculento en torno a la muerte de un bebé y a la condena de un médico, supuestamente inocente, a 20 años de cárcel. El pedido fue rechazado de plano por el medio, mientras que la ANP pidió a las autoridades judiciales respetar la Ley de Imprenta. Era cuanto cabía hacer en defensa de un instrumento legal que desde hace décadas salvaguarda al periodismo boliviano.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, sorprendido junto con su esposa en el costoso restaurante de un famoso chef en Turquía, ha anunciado que solicitará a la ONU $us 500 millones para repatriar a migrantes venezolanos que huyen de la calamitosa situación de su país. Mientras, en un humilde cementerio de Riohacha, al norte de Colombia, una solidaria forense de 64 años da sepultura digna a quienes literalmente no tienen dónde caerse muertos, según BBC Mundo. Allí fueron sepultados 30 venezolanos cuyas familias no tienen cómo pagar un entierro ni, mucho menos, un manjar como el que disfrutó Maduro.

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