Aunque el Gobierno asegura que no hay mayores riesgos con los aportes y la administración de nuestras pensiones, el anuncio de la demanda del BBVA contra el Estado boliviano ante el Ciadi ha generado inquietud. El Gobierno deberá encarar este proceso que, si se pierde, generará un costo económico probablemente alto. Hace tiempo que se debió negociar un traspaso sin traumas ni grandes daños de este servicio a la llamada Gestora Pública. Sin embargo, han habido evidentes contratiempos que incluso pospusieron el funcionamiento de la nueva entidad estatal que administrará las pensiones. Ahora debe hacerlo desde inicios del próximo año y los aportantes necesitamos tener certezas y garantías de que la gestora trabajará con la misma eficiencia que lo hicieron las AFP desde los años 90.

Una señora adulta mayor quedó detenida en Cochabamba por haber herido de muerte con un cuchillo y no dar auxilio a un perro que entró a su carnicería. La mujer pretendía así defender su negocio, pero incurrió en un biocidio que la llevaría a la cárcel. En simultáneo volvieron a reproducirse viejas imágenes de la crueldad con que un grupo de “ponchos rojos” degollaron hace años canes en Achacachi y a los que no les cayó ninguna sanción. No todo se mide con la misma vara.

Dos concejales anunciaron que devolverán sus bandas, en medio de cuestionamientos a un contrato publicado en el Sicoes. Ciertas contradicciones informativas han generado críticas y para hoy se espera una sesión en el Concejo en la que prometen aclarar dudas sobre cómo se manejó este contrato, los precios, las compras y los adjudicatarios. Solo con información amplia y coherente se pueden disipar sospechas y garantizar transparencia.