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9 de junio de 2019, 6:00 AM
9 de junio de 2019, 6:00 AM

Según la CPE, el sufragio es secreto, libre y obli- gatorio. Hay que votar sí o sí. En consecuencia, la presidenta del Tribunal Supremo Electoral ha advertido a los jóvenes de 18 años que no se empadronen para participar en las elecciones generales del 20 de octubre, que sufrirán una multa y restricciones para realizar transacciones bancarias, como depósitos para inscribirse en las universidades, algo que ha desvirtuado de plano el CEUB. Sin embargo, no deben estar muy entusiasmados -en particular los votantes ‘primerizos’- cuando en Bolivia buscan desconocer torpemente los resultados de consultas ciudadanas anteriores como los del 21-F, mientras tribunales y autoridades electorales miran hacia otro lado.

Santa Cruz, la región que produce el 90% de los alimentos que consumen los bolivianos y que es reconocida, entre otras cosas, por su laboriosidad y dinámico crecimiento, se ha converti- do, por desgracia, en escenario de recurrentes conflictos que derivan, inevitablemente, en el bloqueo de sus principales carreteras como las que nos conectan con el interior y exterior del país. No hay día de la semana o del mes sin el cierre abusivo y arbitrario de vías de comunicación que impide el transporte de pasajeros, productos y cargas, causando enormes e irreparables perjuicios económicos de los que se desentienden por completo los diligentes e impunes bloqueadores. ¿Hasta cuándo tanto abuso con estas inauditas medidas de protesta?

Mientras en Bolivia, donde se originó el fatídico vuelo, parece dejarse caer un pesado y ominoso manto de olvido, el Senado de Brasil ha llamado a una audiencia pública el 18 de junio para debatir la situación de los familiares de las víctimas del accidente aéreo de LaMia, ocurrido en noviembre de 2016 y en el que perdieron la vida 71 personas. Un senador del vecino país propuso invitar a las autoridades aeroportuarias de Brasil, Bolivia y Colombia, salpicados por la tragedia. Desde hace rato, las nuestras guardan un silencio sepulcral cuando urge deslindar responsabilidades sobre el terrible accidente y atender las demandas de las familias afectadas.

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