Cara a cara

El ministro de Gobierno aseguró que justos no pagarán por pecadores tras el terremoto que sacude a la Policía boliviana penetrada hasta la médula por el narcotráfico, a la par de otras reparticiones. La misma autoridad dispuso la aplicación del polígrafo (detector de mentiras o má- quina de la verdad) para todos los jefes policiales. La prueba se basa en los registros a través de un instrumento científico de gran precisión, de los cambios neurofisiológicos del individuo sometido a un protocolo de preguntas. En un país donde incluso embusteros empoderados faltan a la verdad con espantoso cinismo, hasta el polígrafo se vuelve absolutamente innecesario ante la creciente incredulidad ciudadana.

Según el art. 124 de la CPE, el Ministerio Público es el encargado de promover la acción de la justicia, de defender la legalidad y los intereses del Estado y de la sociedad. Entonces sus autoridades, al igual que las fuerzas del orden, no pueden ni deben seguir haciéndose las despistadas con los bloqueos de la ciudad por un sector del transporte local, en protesta contra el municipio por la aplicación del BRT para modernizar y mejorar las prestaciones de un servicio que, en precarias condiciones, se ofrece a los usuarios. Esas medidas de protesta, junto a la amenaza inaudita de bloquear el vertedero de Normandía, configuran graves atentados contra el libre tránsito y la salud pública. Ya está de buen tamaño el abuso y la impunidad de sus promotores.

En educación vial estamos en pañales y por eso nuestra ciudad es una de las más caóticas del país por el atropello de los conductores a las más elementales normas de circulación. Por eso, bienvenida la campaña de Movilidad Urbana para educar a infractores impenitentes al volante, con la instalación de cámaras de seguridad que, además de identificarlos, les llaman la atención a través de un sistema de altoparlantes cuando realizan una mala maniobra. Falta la aplicación de multas, como en cualquier parte del planeta, para que la campaña sea completamente eficaz.