¡Basta de intransigencia!
Van 23 días de sufrimiento para los enfermos y de intransigencia tanto en el poder gubernamental como entre los médicos. El Legislativo y el Ejecutivo intentan imponer un decreto y un código que no toma en cuenta la visión y el aporte de los galenos, mientras que estos se rehúsan a declarar una pausa humanitaria que calme la agonía de pacientes adoloridos y, en muchos casos, moribundos que carecen de atención.
Mediante un decreto, el Gobierno plantea la creación de una autoridad de fiscalización al trabajo de los médicos, que incluye el establecimiento de aranceles que uniformen la atención de salud privada y pública. Ante este escenario, hay que recordar que el sector ahora tiene tres cabezas (nacional, departamental y municipal), ninguna de las cuales ha conseguido mejorar la calidad en la prestación. Si se han creado instancias de fiscalización en los tres niveles de gobierno y si existe una real preocupación por mejorar el sistema, habría que preguntar ¿por qué no funciona el control?, ¿por qué siguen habiendo centros médicos donde se realizan intervenciones especializadas, con víctimas mortales y ¿por qué en los centros públicos siguen faltando personal e insumos?
Por otro lado, se pretende aprobar un Código del Sistema Penal que, en su artículo 205, penaliza a la práctica médica cuando se comete imprudencia, negligencia, impericia e inobservancia de los protocolos, indicando que quienes incurran en esto podrán ser encarcelados de dos a cuatro años, tendrán que hacer la reparación económica correspondiente y quedarán inhabilitados de seguir ejerciendo la profesión, si como consecuencia causan lesiones graves o gravísimas, mientras que la sanción se incrementa si el efecto es la muerte del paciente.
En su defensa, los médicos aseguran que sus acciones no buscan causar lesiones y menos la muerte de ninguna persona, le recuerdan al Gobierno las precarias condiciones en las que deben trabajar, sobre todo en el sector público. Además, advierten que esta norma puede poner en riesgo al paciente, ya que para no ir a la cárcel, los galenos podrán evitar la atención de casos complicados.
Si bien hubo la intención de avanzar en el diálogo, este se ha vuelto a interrumpir porque los médicos no aceptan suspender sus medidas de presión para que su lucha no sea debilitada. No obstante, hay un costo social demasiado importante en la población. Medio millón de consultas no realizadas, decenas de miles de cirugías frustradas, sin contar otro tipo de tratamientos que ponen en riesgo la vida misma.
En contrapartida, el Gobierno que, por un lado habla de reinstalar el diálogo, por otro lado tiene voceros como la ministra de Comunicación, que no tienen reparos en denostar a los médicos, mediante generalizaciones y graves acusaciones, con lo que lo único que se logra es atizar el fuego del conflicto. Por otro lado, lejos de mostrar un esfuerzo por buscar puntos de coincidencia, parlamentarios y miembros del Ejecutivo reducen la crisis a objetivos políticos.
Lo que el país necesita es que Gobierno y médicos busquen acercamiento sobre la base de la honestidad y transparencia; que se deje el afán de prevalecer por prevalecer y se piense en el bien común. Los bolivianos agradecerán una solución y castigarán a los actores si sigue la dilación y el sufrimiento.
