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OPINIÓN



| 06/08/2017


Aullidos por la justicia

Hay una sensación de indefensión en Bolivia, que ya no da para aguantar más. La están provocando no solo los criminales de toda laya que hacen su agosto el año entero, sino también –y lo que es peor, cada vez en mayor número y con más osadía- los encargados de asegurar exactamente lo contrario: protección, garantías y seguridad ciudadana. Aquí caben policías, fiscales y jueces, con sus excepciones, por supuesto, pero en proporción inversa a lo justo y necesario. Lo vemos a diario. Tanto, que casi nos acostumbramos.

Ya no se trata apenas de errores que puedan ser cometidos en el ejercicio de cualquiera de esas tareas: policial, fiscal o judicial. Lo que estamos viendo raya en lo delincuencial, un extremo reconocido incluso por las propias autoridades de las instituciones señaladas y por otras del Ejecutivo y Legislativo, que no han dudado en denunciar y hasta enjuiciar a algunas ovejas negras de esa tríada sobre la cual descansan las garantías ciudadanas. Una respuesta poco efectiva, porque nace más del interés político que ciudadano.

El caso Rózsa es uno de los más emblemáticos. Desde hace nueve años se sostiene en una demanda fiscal llena de irregularidades, reconocidas incluso por el principal autor de la misma, el exfiscal ‘estrella’ Marcelo Soza. Todo con el aval de un tribunal no menos cuestionado. Hay otros casos igualmente burdos, como el protagonizado por el fiscal de La Paz que calificó de homicidio piadoso un caso que bien podría ser parricidio y que ahora, solo por presión del ministro de Justicia, es considerado feminicidio.

Otro caso fresquito es el que se deriva del atraco frustrado a Eurochronos. Cada vez es más evidente una actuación fiscal dudosa, declararse en reserva, y tras la que se percibe la intención de proteger a policías señalados como posibles autores de los disparos que mataron al menos a dos atracadores y posiblemente también a la gerente del local. Dos casos registrados después de un informe sobre violación de derechos presentado por el Defensor del Pueblo en Santa Cruz, en el que el Ministerio Público encabeza la lista.

No son datos menores. Todos hacen al sistema de garantías fundamentales de las que debemos gozar los bolivianos. Un sistema que está a punto de colapsar no tanto por la gran carga que recae sobre policías, fiscales y jueces, sino por el alto nivel de corrupción en sus filas. Una carga insoportable para los que están en litigio, y también para los que aún no han caído en uno, pero que se sienten tan indefensos como los primeros.  








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