OPINIÓN



| 04/11/2017


Auditoría ambiental en el Urubó

Unas 100.000 hectáreas están afectadas por la expansión desproporcionada y sin control de urbanizaciones en la zona forestal del Urubó. Los efectos sobre los acuíferos subterráneos, los bosques y los suelos de esta enorme porción de territorio han obligado a la Gobernación de Santa Cruz a establecer una auditoría ambiental. 

El mencionado estudio abarcará los municipios de Porongo, Colpa Bélgica y Portachuelo, donde la fiscalización edil es tan débil que la acción de los intereses empresariales ha atropellado toda racionalidad en la distribución de espacios para los asentamientos humanos.

Actualmente rige una ‘pausa administrativa’ en la otorgación de licencias ambientales para cualquier tipo de actividad, obras o proyectos en la zona de recarga de los acuíferos. Sin embargo, los emprendimientos urbanísticos e inmobiliarios continúan ejerciendo presión para que se permita la consolidación de aquellos asentamientos. Dichas empresas serán sancionadas, primero por la vía administrativa y luego será por la vía penal, en caso de incumplir las resoluciones departamentales.

Biólogos, urbanistas, ingenieros ambientales y civiles, así como expertos en las áreas socioeconómica y legal, tienen plazo de un año para analizar los criterios técnicos y legales establecidos por los mencionados municipios para la aprobación de sus manchas urbanas, que hoy están afectando importantes recursos naturales con riesgo para la provisión de agua para cientos de miles de personas. 

El gran dilema de una metrópolis en expansión como Santa Cruz de la Sierra es cómo garantizar el desarrollo urbanístico sin afectar el medioambiente, lo cual actúa como un efecto búmeran para la salud y el bienestar de millones de personas.

Un informe especial de EL DEBER reveló en mayo de este año que unas 160 urbanizaciones sin ocupantes se apoderan de unas 22.000 hectáreas, lo que demuestra el grado de improvisación y descontrol con el que se está manejando la reserva del Urubó. 

De estas, solo 13 cuentan con licencia ambiental librada por la Gobernación de Santa Cruz y más de 60 no tienen ni siquiera permiso del municipio en el que desarrollan sus proyectos. 

Son datos de los atropellos que se están cometiendo en el Urubó y que demandan una acción pronta y efectiva de parte del Estado en todas sus instancias, con el fin de resguardar el interés de toda la población y no solo de unos pocos empresarios. 








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