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| 22/01/2018


Aquí y allá

Sofocado por un régimen policial, persiste en Venezuela un sentimiento de indignación tras los sucesos que desembocaron en la muerte del caraqueño Oscar Alberto Pérez, el exinspector del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, alzado contra Nicolás Maduro en una tentativa de poner fin al régimen a cargo de la patria de Bolívar desde hace 2 décadas. Quienes conocen Venezuela y les llega información desde allí subrayan que el episodio se suma a la cuenta contra el régimen, cuyo final es previsto cada vez por menos a través de un proceso democrático contrapuesto a una mayoría que cree que la alternativa solo podría resultar de una ‘poblada’. En la historia no oficial el suceso ha adquirido un nombre: La masacre de El Junquito, la zona periférica de Caracas donde la Policía exterminó a media docena de rebeldes que el exinspector, de 37 años, encabezaba.

Los videos que de sí mismo difundió el rebelde antes de morir proyectaron la imagen de un soldado ensangrentado que, en medio de gritos a su alrededor, anuncia que él y sus hombres han decidido entregarse, pero que los atacantes de la fuerza policial “quieren asesinarnos”. Otros que también lograron transmitir mensajes destacaron la misma decisión: se entregaban, aun sin abrir fuego sobre los atacantes que tenían al alcance de sus balas. Cuatro días después del suceso, la familia de Pérez no había recibido los restos del combatiente. “Los ajusticiaron. Les aplicaron la pena de muerte, prohibida por nuestra Constitución”, dijo en un comunicado la Mesa de Unidad, de la oposición venezolana. 

El procedimiento lleva la marca de los brazos represivos del Estado, esta vez del socialismo del siglo XXI, del que en el continente sobreviven a plenitud solo Venezuela, Bolivia, Nicaragua y Cuba. Hace casi 40 años, Bolivia vivió la masacre de la calle Harrington de La Paz, pero la equivalencia temporal más próxima es el episodio hotel Las Américas, caracterizado con unanimidad como una masacre, inclusive por el ahora exfiscal que elaboró la tesis conspirativa que defendía con fervor hasta que, hace cuatro años, atribulado por hechos que lo desmentían, fugó del país, renunció al argumento y atribuyó la conspiración al propio Gobierno para noquear a la oposición en Santa Cruz. Jueces y fiscales a cargo del caso continúan su labor con indiferencia burocrática cuando está cerca el noveno aniversario del hecho que lo originó. 





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