En octubre de 2011, en un escrutinio parecido, yo fui uno de ese 42% de los electores que voluntariamente anuló su voto. Junto al 15% de votos blancos, sumamos 57% de votantes que no estábamos de acuerdo con ese sistema de elección. Han transcurrido seis años, y el Órgano Judicial del país, con magistrados electos por voto directo, sigue, junto a la Policía Nacional, encabezando los rankings de corrupción elaborados por organismos internacionales que evalúan la administración pública.

Hay un viejo adagio, algunas veces atribuido a Einstein y otras a Twain -en ninguno de los dos casos con pruebas documentales-, que dice: “Locura es hacer lo mismo, una y otra vez, esperando obtener resultados diferentes”. ¿Qué ha cambiado de 2011 a 2017 para que este experimento se vuelva a repetir esperando otros resultados? ¿En este periodo, los ciudadanos, súbitamente, hemos tomado conciencia y estamos mejor informados de las funciones, altamente especializadas, que ejercerán nuestros elegidos? ¿Qué porcentaje de los electores podría -por ejemplo-, explicar a qué se dedica el Consejo de la Magistratura? ¿Estamos suficientemente informados de la formación, experiencia e idoneidad de todos los postulantes para evaluar, comparar y elegir? ¿El proceso de preselección ha sido más transparente esta vez, y hay garantías que en las listas están los mejores para tan delicados cargos? ¿Ha cambiado en algo la filosofía del régimen resumida en la frase presidencial: “Yo le meto nomás. Después les digo a los abogados: si es ilegal, legalicen ustedes, para qué han estudiado”? ¿Iremos a elegir “legalizadores?” ¿De verdad, esta es la respuesta para resolver la profunda crisis de la justicia? 

En casi todos los países con democracias representativas -como el nuestro-, las autoridades del Poder Judicial se eligen en el Parlamento de una nómina de candidatos propuesta por una comisión de postulación, que entrevista y evalúa a las potenciales autoridades. En esta comisión deberían participar miembros de todas las fuerzas políticas con representación parlamentaria, de manera paritaria. En algunos países invitan a delegados de las facultades de ciencias jurídicas de la Universidad pública. Y hay otros casos en los que incluso los gremios (colegios de abogados) integran el equipo seleccionador. La conformación equilibrada y proporcional de los miembros de la comisión obligaría a buscar consensos y elaborar listas de precandidatos con sobrados méritos en el ejercicio del derecho y antecedentes de probidad y buena conducta.

Desde mi barbecho yo exijo a la Asamblea Plurinacional modificar el régimen electoral y permitir que los votos nulos y blancos también sean válidos. Que no solo sean testimoniales y para la estadística, sino que tengan una consecuencia jurídico electoral. La gente debe ejercer su derecho a rechazar propuestas inadmisibles. No podemos repetir la experiencia en la que se eligieron candidatos con votaciones por debajo de los votos no válidos. Una amiga abogada, me ha querido convencer de que debo votar “aunque sea por el menos malo”, para dar legitimidad a las nuevas autoridades. No puedo votar por el menos malo. Nuestro sistema judicial no se reconstruirá con los menos malos. 
Así sea apenas testimonial, mi voto será nulo, y espero que los resultados estadísticos sean tan contundentes, que los propios elegidos no asuman sus cargos por vergüenza.