Algo huele mal
A pesar de que en otros países la basura ya no se entierra, sino que se industrializa, reduciendo o evitando daños al medioambiente, reciclándola e incluso transformándola en energía, la reciente inauguración del nuevo vertedero municipal, debería ser una buena noticia para la ciudadanía. Y sin embargo no lo es.
Pocos días antes de su apertura visitamos el nuevo vertedero municipal. Nos llamaron la atención dos elementos. Primero, las características del lugar. Segundo, el precio pagado por el gobierno municipal de Santa Cruz de la Sierra por el terreno de 200 hectáreas en Paurito: 10 millones de dólares americanos.
Llama la atención que el municipio haya pagado $us 50.000 por hectárea de terreno en Paurito porque los precios de los terrenos aledaños, consultados con los vecinos propietarios, no llegan a costar más de $us 20.000 por hectárea. Y así se hace difícil no sospechar que hay un sobreprecio de al menos $us 30.000 por hectárea. Hablamos de un daño económico a la ciudadanía de al menos $us 6 millones.
El afán del gobierno municipal por explicar y justificar lo injustificable no se hizo esperar. Le tocó el turno a la secretaria de Finanzas de la municipalidad, Sandra Velarde, quien admitió públicamente que se pagó $us 5 por m2 (o $us 50.000 por hectárea, ya que una hectárea tiene 10.0000 m2) y que el precio fue definido en función a un avalúo realizado por un perito. Lo que no dijo es que ese precio corresponde a un m2 dentro de una urbanización con pavimento y todos los servicios básicos, no a un fundo rústico, como el terreno sobre el que se asienta el nuevo vertedero. Está plasmado en el acta de conciliación donde figuran los detalles de la negociación para llegar al valor final de $us 10 millones.
Pocos días después le tocó salir al secretario de Gestión, Jorge Landivar. Esta vez con otro argumento, dijo que el altísimo precio pagado por hectárea se justificaba porque el propietario del terreno asumió un compromiso de no usar las otras 420 hectáreas colindantes al terreno vendido y que, aplicando una especie de compensación, se habría llegado a establecer semejante precio por hectárea, acuerdo que no figura en ninguno de los documentos oficiales del proceso. Ni siquiera en el acta de conciliación, que es la instancia donde ambas partes establecen todos los argumentos para llegar a un acuerdo en cuanto al precio a ser pagado o recibido por una u otra parte. Si fuera como afirma Landívar, forzosamente debería figurar el acuerdo formal por el cual los vendedores aceptan no utilizar 420 hectáreas alrededor del nuevo vertedero. Nadie cede 420 hectáreas valuadas en más de $us 8 millones así como así.
Por otro lado, el perímetro del nuevo vertedero colinda con los terrenos de otras personas. Y, en este caso, estas personas se verían seriamente perjudicadas por semejante ‘acuerdo’ al no poder utilizar ni urbanizar sus tierras. Por lo que tendrían también que ser compensados siguiendo el nuevo planteamiento del gobierno municipal. De ser cierta la existencia del acuerdo mencionado por Landivar, que no figura en ninguna parte.
Como vemos, estos dos intentos de justificación, como tristemente ya nos tienen acostumbrados los actuales administradores del municipio cruceño, lejos de aclarar, oscurecen.
Digamos las cosas claras. Existen acá tres elementos centrales: (1) sobreprecio, (2) daño económico al Estado y (3) una vergonzosa falta de fiscalización. Es lamentable que el nuevo lugar para enterrar la basura de Santa Cruz apeste desde antes que le llegue la basura.
