Opinión

Abrogación del código penal, un logro ciudadano

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22 de enero de 2018, 15:59 PM
22 de enero de 2018, 15:59 PM

En vísperas de que concluya el ultimátum ciudadano y de que Evo Morales cumpla 12 años consecutivos en el poder, el presidente dio finalmente su brazo a torcer y anunció la abrogación del resistido nuevo Código Penal. Queda pendiente que la Asamblea Legislativa Plurinacional proceda a cumplir el pedido presidencial y que el primer mandatario acepte el mandato del referéndum del 21-F de que se cumpla la Constitución, que lo obliga a concluir su actual gestión en 2020. Por esos motivos se mantienen en pie las movilizaciones de organizaciones sociales, que están en las calles, en paro y en huelga desde hace casi dos meses. 


Morales tardó mucho en darse cuenta del empoderamiento ciudadano. El costo político y social por su dura posición es muy alto para su gobierno, que atraviesa un momento bastante crítico. Durante su anuncio de ayer al país, persiste con su lectura equivocada de que la movilización de la gente podría estar ligada a una conspiración de la derecha contra su gestión, cuando nadie exige que no termine su mandato en 2020, sino que anule un Código Penal aprobado sin el suficiente debate y que cumpla la Constitución promulgada por él mismo.


Como ocurrió con el fallido gasolinazo y con la ley del Tipnis, el presidente retrocede sin estar convencido y porque el ciudadano lo puso contra la pared con acciones siempre enmarcadas en la línea de la protesta democrática. El disparador del despertar de la gente fue la sacrificada y prolongada huelga médica, que produjo una interesante señal de que en Bolivia la población está dispuesta a pelear hasta el final por sus derechos y a convertirse en un contrapeso del poder cuando otras instituciones no funcionan adecuadamente.


El Gobierno ha ido acumulando en los últimos años errores importantes que lo han distanciado de amplios sectores ciudadanos. La insistencia en una nueva postulación presidencial, que se concretó con un cuestionado fallo de un devaluado Tribunal Constitucional, ha sido el mayor y a estas alturas es casi imposible que la población movilizada renuncie a su lucha en las calles contra el deseo de Morales de continuar otro quinquenio más en el poder. 


La abrogación del Código no desactiva las crecientes protestas sociales, lo que ocurrirá solo si Evo Morales anuncia hoy en su mensaje presidencial la decisión de cumplir el mandato del referéndum del 21-F.
La abrogación anunciada ayer es un logro esencialmente ciudadano. Enseña que no se puede aprobar una norma sustancial para la vida de los bolivianos de espaldas al pueblo, que sintió amenazada su libertad religiosa, la de expresión y varios otros derechos fundamentales. Confirma también que un amplio sector de la población está dispuesto a movilizarse con coraje para impedir que el país termine como Venezuela.

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