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| 09/02/2018


A cuatro años del fallo

El 27 de enero de 2014, el inexpresivo juez Peter Tomka leyó el resumen de la Sentencia de la Corte Internacional de Justicia de la Haya, acerca de la demanda presentada por el Perú a Chile, para delimitar la frontera marítima binacional. La sensación que dejó su lectura fue la de una montaña rusa: primero Tomka dijo que la Declaración de Santiago de 1952 no establecía límite alguno, con lo que comenzamos a destapar la champaña; seguidamente, señaló que el Convenio de Zona Marítima de 1954 sí señalaba al paralelo geográfico como frontera, con lo cual cambiamos el espumante por pañuelos. Finalmente, el magistrado indicó que dicho convenio no establecía hasta dónde se extendía dicho límite, por lo que la corte estableció que llegase hasta las 80 millas mar adentro y no hasta las 200 como pretendía Chile.


Fue victoria parcial pero victoria al fin y al cabo: la sentencia le permitió al Perú obtener 50.000 km² de los 66.000 que estaban en disputa y de esta manera extender considerablemente los mares bajo su jurisdicción. Sin embargo, el éxito principal de esta gesta no está en la franja oceánica obtenida, ni en las riquezas que contiene, sino en la capacidad de la sociedad, encabezada por su clase política y por la prensa, para articular una política de estado y mantenerla durante tres gobiernos consecutivos, sin que el mínimo obstáculo pudiese distraer al país en su esfuerzo por ganar en la corte, por evitar que el proceso judicial se salga de sus carriles y, en simultáneo, por estrechar las relaciones con Chile.


Cuatro años después, aún no hemos valorado la fantástica coordinación entre actores políticos y sectores sociales para que Perú, por primera vez en su historia, ensanche sus fronteras, en lugar de reducirlas, y no con la fuerza de las armas, sino con los argumentos de la razón. El trabajo de Torre Tagle fue fino hasta el último detalle: desde la sustanciación del proceso en los tiempos de Manuel Rodríguez Cuadros, las cuerdas separadas de José Antonio García-Belaúnde y la vocería de prensa de Rafael Roncagliolo, con la que pudimos difundir dentro y fuera del país, una sola idea alrededor de la voz del embajador Allan Wagner Tizón, nuestro agente ante la corte, nombrado con acierto por el presidente Alan García, en cuyo segundo Gobierno el Perú formalizó la demanda marítima contra Chile, un 16 de enero de 2008.


Cuatro años después del fallo, de la champaña y de la satisfacción por una victoria de la que todos participamos, el griterío predomina en el Perú y nos encontramos en la paradójica situación en que la crisis de la clase política perjudica al país cuando, en cualquier caso, debería tratarse de lo contrario: que la crisis del país eventualmente afecte a la clase política. Al día de hoy, la descarnada ambición por copar el poder a cualquier costo ha suplantado cualquier atisbo de intención por alcanzar consensos mínimos respecto de los grandes problemas que aquejan a nuestra sociedad.


La política es la lucha por el poder, pero la intención final solo puede ser el bien común. Si este objetivo no está claro, la confrontación suplantará al debate, el enfrentamiento a la negociación y la crisis al progreso. Con frases muy simples, el papa Francisco nos lo dijo: defiendan a los más vulnerables y erradiquen la corrupción. Aunque me temo que sus palabras caerán en saco roto, sirva el cuarto aniversario del fallo de la Haya para recordarles a quienes nos gobiernan que si se lo propusiesen lograrían grandes cosas para el país: para eso los eligieron.








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