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| 18/11/2017


12 años sin amnistía

Hace unas pocas semanas escribíamos en El Diario de La Paz una nota titulada Tiempo de amnistía, en la que expresábamos que este era el único Gobierno extenso en la historia de Bolivia que jamás había decretado una amnistía general e irrestricta. Poníamos como ejemplo las amnistías que concedió el MNR durante su duro periodo 1952-1964, así como la amnistía general e irrestricta que, durante la dictadura, otorgó Hugo Banzer Suárez, ante la demanda popular.

En ningún caso la amnistía ha sido dictada por la bondad de los gobernantes, sino por el reclamo del pueblo. De ahí que es muy extraño que la oposición boliviana, las organizaciones de derechos humanos, la Defensoría del Pueblo, madres, esposas, hijos de presos y desterrados políticos, se mantengan en un silencio inexplicable, cuando la amnistía es algo universalmente reconocido y aplicado. Nos es difícil comprender cómo los políticos están sumergidos en una guerrilla a veces abierta y otra subterránea contra el Gobierno del MAS, acusando y denunciando hasta por nimiedades, acudiendo a instancias internacionales en algunos casos, y que no reclamen por los compatriotas que hoy están encarcelados o en el ostracismo.

Una nota editorial de EL DEBER se ha pronunciado en favor de una amnistía irrestricta, manifestando que “una administración que expresa tener absoluta estabilidad política y económica y que se declara abierta defensora de los derechos humanos, que se dice representar a la mayoría de los bolivianos, no debería aceptar la mala imagen –hasta el baldón– de seguir siendo el Gobierno que durante más tiempo ha tenido a sus adversarios en el destierro o en la cárcel”. Es una opinión muy importante, pero siempre que la gente se dé cuenta de que la amnistía no es un regalo piadoso, una limosna ofensiva, sino un deber del Estado para con sus súbditos.

Una cosa distinta es el indulto, que conmuta una pena. Esa es una gracia para quien tiene una sentencia. El indultado sigue siendo considerado como culpable, que es lo que no aceptarían algunos de nuestros compatriotas que hoy están al margen de la ley o luchando por sus derechos, como es el caso de Matkovic, Guedes y Mendoza. O los que están incluidos en el proceso pero defendiéndose fuera de los recintos carcelarios, como el general Gary Prado, Ronald Castedo y Juan Carlos Santistevan. Ellos no buscan indulto, como tampoco aceptaron los juicios abreviados, que finalmente era reconocer un delito a cambio de su libertad.

La amnistía no es una dádiva que beneficia a personas que en algún momento político fueron condenadas por violar la ley. En este caso no existe una pena sentenciada, sino que se trata de olvidar una acción, que pudo ser delictiva, pero a raíz de un cambio político y social como el que vivimos en la actualidad. 

Como decíamos hace unos días, vienen las elecciones del 3 de diciembre, después la Navidad, y en 2019 nuevas elecciones presidenciales. ¿Cómo es posible que cientos de compatriotas sin ninguna sentencia tengan que pasar todas estas fechas cívicas y familiares lejos de su tierra o en la cárcel, sin esperanza alguna? Ya es hora de que la gente, el país entero, se manifieste públicamente exigiendo una amnistía, porque, repetimos, el Gobierno no la va a otorgar por propia voluntad.








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