... Cara a cara

Una década después del último paro cívico, el Comité pro Santa Cruz encabeza la suspensión de actividades en la locomotora económica de Bolivia. Por la escala, no son las mismas consecuencias las de un paro en la región más poblada del país que en otros distritos. Con el apoyo expresado por diversos sectores a la convocatoria cívica, queda comprobado que la única entidad local con peso para el acatamiento de una medida como esta sigue aun siendo el Comité, que parecía en los últimos años haber capitulado ante la arrolladora hegemonía del Gobierno. Parar le costará a Santa Cruz 27 millones de dólares, pero, como en anteriores circunstancias, los sectores de la institucionalidad han expresado que el sacrificio vale la pena para frenar el Código Penal, aunque en el fondo la protesta se inspira en la defensa de una visión que entiende que la democracia requiere de contrapesos y de límites al ejercicio del poder para evitar abusos.

Bloquear, parar y enfrentarse en las calles es el resultado del fracaso de la política. Cuando la gente no es capaz de ponerse de acuerdo en los espacios institucionales, la calle aparece como escenario de las controversias, con un alto riesgo de violencia. Si estamos por llegar una vez más a esta realidad,  está claro quiénes son los responsables; los políticos, sobre todo del Gobierno.

Es muy posible que el paro de hoy tenga un acatamiento pleno y ojalá que sin violencia. Lo que debe, sin embargo, considerarse es lo que viene después, en caso de que el Gobierno no atienda las demandas. El escenario pos paro ya debería estar pensado.