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9 de enero de 2018, 4:00 AM
9 de enero de 2018, 4:00 AM
Transportistas, gremialistas, abogados, iglesias, colegios de profesionales, cívicos, periodistas y la COB
protagonizan la impresionante escalada de un conflicto que comenzó con la inédita protesta médica. El escenario es muy delicado y evoca los durísimos momentos de convulsión que vivió Bolivia entre 2000 y 2010. Se extravía el Gobierno al considerar el uso de la fuerza como la principal respuesta al problema o al ver como la única causa de las movilizaciones los afanes conspirativos de la oposición. Con el Código Penal, el MAS ha logrado que se junten los intereses de sectores diferentes en torno a una sola causa que es la derogatoria de la polémica norma. Ya tuvimos experiencias en el pasado de gobiernos que insistieron en sostener medidas y que retrocedieron cuando las movilizaciones los pusieron al borde del abismo. No vayamos a tener otra vez una respuesta tardía al clamor callejero, con un altísimo costo social.

 

La mayor dificultad del presidente
en estos días es el restablecimiento del contrato de confianza con sus gobernados, interrumpido desde que el MAS decidió ignorar la votación del 21-F. Aunque el Código Penal proponga avances, pesarán más las  dudas y susceptibilidades que generan algunos de sus artículos. La desconfianza en la palabra oficialista está instalada y rondará en muchas de las medidas que vengan.

 

Si usted no quiere entrar en pánico,
asuma una actitud serena y crítica con las versiones que aparecen estos días en las redes sociales. No solo en Bolivia, sino en casi todo el mundo, hemos entrado a la “era de la viralización” en la que las noticias falsas amenazan con desplazar a las verdaderas.   
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