OPINIÓN



| 18/06/2017


Se tiene que aprobar una ley de transporte

El servicio de transporte se encuentra en las bases fundamentales del Estado, la Constitución define al servicio de transporte como un derecho fundamental que debe ser prestado con eficiencia y eficacia, y generar beneficios a los usuarios y proveedores (art.76-I CPE). 

El transporte urbano, el registro automotor, ordenamiento y educación vial, la administración y control del tránsito urbano es una competencia municipal exclusiva. Sus parámetros están definidos por la Ley Marco de Autonomías y la Ley General del Transporte que establece como primera atribución la planificación del servicio y el ordenamiento del tránsito urbano en coordinación con la Policía nacional.     
La primera atribución del Gobierno Municipal (ley 165) es la función de planificación mediante políticas, planes, programas y proyectos que promuevan el desarrollo del Sistema de Transporte Integral STI, en base al Plan Nacional Sectorial de Transportes, Planast.

En el ámbito de regulación del transporte urbano, el gobierno municipal tiene competencia normativa, reguladora, supervisora, fiscalizadora y sancionadora. El ámbito de la regulación comprende: Otorgar permisos, licencias y autorizaciones, promover y defender la competencia, realizar el seguimiento de obligaciones y fiscalización, resolución de conflictos, protección de los derechos de los usuarios, aplicar sanciones por infracciones a la prestación del servicio y aprobar el régimen tarifario en base a los parámetros de costos y eficiencia del servicio.      

Nada de lo que está escrito en la CPE y la ley tiene relación con la actual gestión municipal, el Concejo Municipal, a ocho años de vigencia de la CPE y siete de la Ley Marco de Autonomías, no ha dictado una ley municipal que regule el servicio de transporte urbano de manera integral y mucho menos ejecute una política de ordenamiento vial y del tránsito urbano. 

No ha legislado el Plan Integral de Transporte Público, SIT, tal como lo establece el PLOT, el Plan Estratégico 2007-2015 y el Plan Territorial de Desarrollo Integral (PTDI). No hay otra autoridad llamada por ley para hacerlo.    

El servicio de transporte actual es de carácter informal porque no tiene ninguna relación contractual con el Gobierno Municipal para prestar el servicio, sea mediante concesión, licencia o autorización. Por tanto, se presta fuera de la regulación municipal y de la aplicación de políticas, infracciones y sanciones. ¿Cómo se puede sancionar a una persona natural o colectiva con la que no se tiene relación contractual para prestar un servicio? 

El Concejo Municipal ha dictado leyes municipales, al margen de la técnica y hermenéutica legislativa, en forma incoherente, definiendo infracciones que no posee en leyes de planificación, regulación del servicio y ordenamiento vial, como es el caso de la Ley Municipal 414 denominada: Ley del Sistema de Detección Electrónica de Infracciones de Tránsito - foto multa. ¿Dónde están las infracciones de tránsito
y el ordenamiento vial?

La comuna necesita con urgencia una ley municipal del transporte integral que establezca los elementos esenciales para ordenar el tránsito urbano y la prestación del servicio, que integre las atribuciones que le otorga la CPE y la Ley General del Transporte y los instrumentos de planificación. Necesita asumir su responsabilidad en la prestación del servicio.      

El Gobierno Municipal no ha legislado en serio la competencia del transporte, cualquier ley municipal que dicte será sujeto de resistencia ciudadana y recursos inconstitucionales, por cuanto la prestación del servicio y el ordenamiento vehicular seguirá siendo caótico.
La Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) es un órgano regulador de una competencia privativa del nivel central y Asosur es una entidad privada, No tienen atribuciones para participar en la regulación de una competencia exclusiva municipal. 








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