OPINIÓN



| 18/06/2017


Los jueces de la improcedencia

La acción de amparo constitucional, que busca el restablecimiento de algún o algunos derechos fundamentales, ha pasado a conocimiento de los jueces de todas las materias (civil, familiar, del menor, etc.). Esta medida buscaba descongestionar los tribunales departamentales de justicia; sin embargo, ha venido a complicar a los jueces inferiores porque estos siempre estaban sobrecargados de trabajo y ahora prácticamente han colapsado y, por tanto, el remedio ha resultado peor que la enfermedad.

Los jueces que conocen los amparos constitucionales, en efecto, necesitan otro tipo de habilidades y, sobre todo, de conocimientos jurídicos que incluyen no solo los principios y valores que encarna la Constitución Política del Estado, sino también los convenios, pactos y tratados internacionales que conforman el bloque de constitucionalidad. Y como muchos carecen de estos conocimientos especializados, y están sobrecargados del trabajo propio (amén de otros factores adversos), estos jueces por lo general primero hacen observaciones innecesarias y luego terminan rechazando la tutela constitucional pedida y por eso se los conoce como los “jueces de la improcedencia”, los “carniceros de las garantías constitucionales”.

En la realidad estos jueces, lejos de honrar el juramento que hacen de respetar y hacer respetar la Constitución, son los primeros en vulnerar el orden constitucional. Cabe recordar que el Tribunal Constitucional se creó para la protección y defensa de la Constitución, ya que los jueces y tribunales ordinarios no han sido precisamente sus mejores garantes. Según las estadísticas cerca de un 70% de las acciones tutelares que se interponen ante la jurisdicción constitucional, son en contra de los jueces ordinarios, a quienes ahora se les encarga la defensa de la Constitución Política del Estado.

Lo evidente es que los jueces, siempre hay excepciones, siguen anclados en el derecho del siglo XIX y en su mayoría no ha podido saltar del Estado de derecho (donde reinaba el culto a la ley, así estuviera en contra de la Constitución) al Estado constitucional de derecho. Aquí la primacía de la Constitución desplaza a la primacía de la ley, por cuanto la ley fundamental es el parámetro normativo superior que decide la validez de las demás normas jurídicas. De ahí que sus normas, valores y principios, constituyen el marco general básico del que se deriva y fundamenta el resto del ordenamiento jurídico.

En este sentido, el Tribunal Constitucional proclama la vocación axiológica y finalista de la Constitución de 2009, y sostiene que su labor será vivificadora de los valores, y principios éticos morales. El mismo tribunal recuerda la obligación que tienen las autoridades judiciales de asumir una actitud comprometida con la vigencia real de la Constitución, y exige eliminar los formalismos procesales o requisitos intrascendentes, injustificados e innecesarios, que terminan obligando a renunciar a sus pretensiones a quienes han llegado al Órgano Judicial en busca del restablecimientos de sus derechos.

En este plano la jurisdicción constitucional, como encargada de controlar y limitar el ejercicio del poder político previsto en la Constitución, tiene el propósito inaplazable e imperioso de garantizar el ejercicio legítimo de los derechos humanos consagrados en la Constitución y el orden internacional, que son la base de toda comunidad organizada, de la paz, de la convivencia pacífica y de la justicia.

El Tribunal Constitucional tiene la obligación, en efecto, no solo de promocionar los derechos fundamentales, impulsar, y desarrollar iniciativas que permitan incrementar la vigencia material de esos derechos mediante acciones positivas, sino también desarrollar una actividad militante en la defensa real del orden constitucional, que debe prevalecer en todo Estado Constitucional de Derecho. En fin, la Constitución constituye la norma fundamental y fundamentadora de los procesos constitucionales, regla tan básica que desconocen los jueces que declaran la “improcedencia” de las acciones tutelares.  








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