OPINIÓN



| 13/08/2017


Ley contra la organización criminal

Bolivia limita con el segundo mayor consumidor de drogas del mundo, que es Brasil; también con el primer productor mundial de marihuana, Paraguay; de igual manera comparte fronteras con el segundo fabricante de cocaína a escala global, que es Perú, y la propia Bolivia que figura entre los mayores productores y países de tránsito de cocaína. Sumado a ello, es evidente que las instituciones de administración de justicia (Órgano Judicial, Ministerio Público y Policía boliviana) atraviesan por una grave crisis en el cumplimiento de su objetivo primordial que consiste en impartir justicia. 

Estos dos contextos permiten que las organizaciones criminales de origen brasileña, como el Primer Comando de la Capital (PCC) y Comando Vermelho, además de organizaciones delictivas peruanas, colombianas y mexicanas, miren con ‘cariño’ a Santa Cruz de la Sierra para asentarse en el territorio boliviano, lo que implicaría el surgimiento de una escalada criminal de proporciones semejantes a las que ocurren en los países antes mencionados. 

 Por ello, y siendo que la Asamblea Legislativa Plurinacional actualmente debate sobre la aprobación de una nueva normativa penal, así como la Ley 004 - Marcelo Quiroga Santa Cruz, Ley 1008 y el Código de Procedimiento Penal- que contempla la reducción de la pena a los que coadyuvan con el Estado para el esclarecimiento de delitos, en fecha 19 de diciembre de 2016 mi persona, y ante los señores representantes del departamento de Santa Cruz ante la Asamblea Legislativa Plurinacional, presentó un proyecto de la ley denominado Contra las asociaciones delictuosas y organizaciones criminales, que establece, entre otros aspectos, que se conceda el marco legal necesario al Ministerio Público y a la Policía boliviana para que permitan afrontar las organizaciones criminales dedicadas al tráfico de sustancias controladas, tráfico de personas, secuestro, contrabando y otros delitos en los que actúan asociaciones delictivas y organizaciones criminales para que a través de la reducción de la pena u otorgación de beneficios legales, como medidas sustitutivas, reemplazo de la pena privativa de libertad, perdón judicial, o inclusión en el programa de protección a las víctimas y testigos, en favor de los procesados o particulares que coadyuven al esclarecimiento del delito; empero, con el requisito sine qua non de que el colaborador presente indicios probatorios (futuras pruebas) de la culpabilidad de los demás miembros de las asociaciones delictivas u organizaciones criminales, así como la devolución de los objetos, valores y bienes obtenidos ilícitamente. Los detalles y otros elementos jurídicos se encuentran insertos en dicha propuesta.

Tal normativa cuenta con antecedentes en otros países más avanzados en materia penal. Fue implementada inicialmente en Italia, destacándose la Operazione Mani Pulite y que después del testimonio de Tommaso Buscetta la mafia siciliana fue duramente golpeada por la justicia de ese país. 
En el sistema judicial estadounidense este procedimiento es conocido como PleaBarganing, que permite que entre el 80% y un 95% de los delitos cometidos en Estados Unidos sean solucionados por este procedimiento, es decir, que no llegan a la instancia de juicio, situación que permite abaratar los gastos judiciales al Estado. 

En Alemania también existe dicha previsión legal, que es denominada Kronzeugenregelung. En Colombia se la conoce como Derecho Procesal de Emergencia. Finalmente, Argentina camina para su implementación. 

Cabe señalar que acá en Bolivia, siete meses después de haber presentado la propuesta, hasta la fecha no hemos sido contactados por los miembros de la Asamblea Legislativa Plurinacional para su posible discusión. 








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