OPINIÓN



| 13/08/2017


¿Jueces transitorios?

La Constitución (art. 178.II), proclama como garantías de la independencia judicial: la carrera judicial y la autonomía presupuestaria. Sin embargo, la ley 040 de 1 de septiembre de 2010, declaró la transitoriedad de los cargos del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional. Luego, la ley 212, del 23 de diciembre de 2011, estableció que “en caso de acefalías de vocales, jueces y servidoras o servidores de apoyo judicial del Tribunal Supremo de Justicia, Consejo de la Magistratura, Tribunales Departamentales de Justicia; la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia y del Consejo de la Magistratura, según corresponda y excepcionalmente, tendrán la facultad de designar a dichas autoridades y personal de forma provisional”.

El Tribunal Constitucional Plurinacional (SCP 0499/2016-S2 de 13 de mayo), lejos de salir en defensa de la carrera judicial que reconoce la Constitución, declaró la constitucionalidad de los cargos temporales de los jueces y, por tanto, inauguró la inédita etapa de los jueces transitorios. Por tanto, el Consejo de la Magistratura tiene la facultad constitucional de emitir convocatorias públicas para todos los cargos judiciales, actuales y de nueva creación, sin necesidad de procedimiento previo ni notificación alguna a quienes actualmente están ejerciendo dichos cargos o funciones, dado que todos por mandato legal, sin exclusión alguna, han sido despojados de la carrera judicial.

La transitoriedad de los jueces contrasta no solo con la necesidad de institucionalizar y fortalecer el Órgano Judicial, sino también con la naturaleza del Estado Constitucional de Derecho. En realidad, lejos de garantizarles y buscar la estabilidad institucional, se ha hecho exactamente lo contrario y no solo se atenta contra la dignidad del cuerpo de jueces y funcionarios administrativos, sino del orden constitucional. La carrera Judicial busca, en esencia, situar a los jueces en un escenario que les preserve de toda clase de influencias, de modo que se les permita decidir con absoluta libertad de criterio. La inamovilidad los protege no solo del Consejo de la Magistratura y los tribunales superiores, sino también frente al ejercicio de las funciones gubernativas y de administración encomendadas a otros órganos del Estado. La institucionalización impide que los jueces puedan ser separados, suspendidos, trasladados o jubilados sin que medie una causa
legal, menos a recibir órdenes de cómo deben aplicar o interpretar las normas del ordenamiento jurídico a la hora de conocer y resolver una contienda jurídica.

La designación vitalicia es fundamental para garantizar la independencia del Órgano Judicial. Esta designación indefinida, sin embargo, debe estar acompañada de evaluaciones periódicas, cuyo proceso debe transparentarse para evitar abusos y susceptibilidades. En efecto nadie es ‘propietario del cargo’, de modo que los jueces durarán en sus funciones mientras demuestren probidad y vocación de servicios y de otra cosa. El cuerpo de jueces debe ser consciente de la necesidad de que se sometan a exámenes periódicos (las veces que sea necesario) y determinar cuáles son las reglas de evaluación, los criterios aplicables y resultados. 

En su informe de 2007 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA esperaba que el Estado boliviano consolide la carrera judicial, como uno de los prerrequisitos del Estado Constitucional de Derecho. La OEA recordaba que los principios básicos de la ONU relativos a la independencia de la judicatura, establecen que existe una relación directa entre las garantías de independencia e imparcialidad de la administración de justicia como presupuesto del cumplimiento de las normas del debido proceso, y la creación y el fortalecimiento de mecanismos transparentes de designación y ascenso de jueces que obedezcan a la calificación jurídica de los mismos y no a otros motivos indebidos. 

La transitoriedad de los jueces era común en los gobiernos dictatoriales, que ni bien trepaban al poder, se encargaban de ‘renovar’ al Órgano Judicial, a pesar del reconocimiento de su independencia en la CPE. 








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