OPINIÓN



| 17/09/2017


Impunidad al extremo en Bolivia

Hace días, en pleno segundo anillo y avenida Paragua, la Policía antidrogas sostuvo un enfrentamiento armado con tres narcotraficantes que, en su tentativa de fuga, pretendieron atropellar a los efectivos policiales; finalmente los delincuentes fueron aprehendidos en posesión de cinco kilos de cocaína purificada. Entre los detenidos se encontraba un sujeto reincidente en la comisión del delito de narcotráfico vinculado al tráfico internacional, porque había enviado estupefacientes a Chile, Holanda y a otros países de Europa.

Las autoridades constataron que el señalado narcotraficante enfrentaba tres procesos judiciales, pero se beneficiaba, abusivamente, de medidas sustitutivas a la detención preventiva, lo que permite corroborar que los administradores de justicia transgreden flagrantemente las reglas del Código Procesal Penal, que su artículo 234.6, establece como “peligro de fuga” el poseer “imputación” previa, es decir que antes de enfrentar el segundo proceso, el juez que atendió la causa debió recibir los antecedentes para que el procesado no obtuviera el beneficio; amén de que en el primer proceso y, precisamente por la precitada regla legal, se le debió revocar las “medidas sustitutivas” de las que gozaba el imputado.

 Además, llama poderosamente la atención que a pesar de que las tres instituciones que deben actuar por ley para instruir una investigación (la Policía, la Fiscalía y el Consejo de la Judicatura) no se hayan pronunciado sobre el inicio de un proceso que permita verificar si fueron los policías los que no informaron de los antecedentes, para que fiscales y jueces queden exentos de observaciones; pero si la Policía cumplió con el procedimiento y fueron los fiscales los que no fundamentaron ante los jueces, los agentes del orden y los jueces serían liberados. 

Si los policías y fiscales alertaron sobre la situación jurídica del narcotraficante, ambos quedarían liberados de responsabilidades y las sospechas recaerían en los jueces. También cabe la posibilidad, de que si fueron las tres autoridades las que violaron el procedimiento para evitar que los procesados reincidentes vuelvan a las calles a cometer nuevos delitos, dejan en evidencia la grave falencia en la que se encuentran las instituciones administradoras de justicia. 

Las indagaciones en el caso que nos ocupa son imperiosamente necesarias, debido a que la administración de justicia está totalmente cuestionada por toda la sociedad. Es menester de la Policía, de la Fiscalía y del Consejo de la Judicatura ordenar una investigación, incluso porque el artículo 286 del Código de Procedimiento Penal dispone la “Obligación de denunciar a los funcionarios públicos que conozcan el hecho en el ejercicio de sus funciones”, como en el presente caso. En su defecto y si no lo hacen, que actúe el Ministerio de Justicia, que ante hechos similares solicitó la destitución de autoridades sin previo procesamiento, o que intervenga el Viceministerio de Transparencia, que recientemente inauguró sus oficinas en Santa Cruz y ha hecho un llamado a la población para que denuncien este tipo de situaciones.

Esperemos que alguna de las autoridades antes mencionadas cumpla con la sociedad y que informe quién o quiénes fueron los responsables de liberar al peligroso narcotraficante para paliar la impunidad al extremo en la que se vive en nuestro país. 
Esperamos que acaten el citado artículo 286 del Código de Procedimiento Penal, a fin de que también cumplan con su obligación de levantar la institucionalidad de la Policía, de la Fiscalía y del Órgano Judicial permitiendo que la población en general crea en las instituciones y no se sienta tentada a hacer justicia por mano propia. 








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