OPINIÓN



| 16/07/2017


El consentimiento informado

La Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en San José de Costa Rica, mediante sentencia de 30 de noviembre de 2016 (caso I.V. vs Bolivia), ha condenado a nuestro país a indemnizar económicamente a la víctima y a cumplir un conjunto de políticas de salud pública. El caso se origina en una intervención quirúrgica a la que fue sometida la señora I.V. en un hospital público de La Paz el 1 de julio de 2000, donde le practicaron una ligadura de las trompas de Falopio, que habría sido efectuada sin que se tratara de una situación de emergencia y sin el respectivo consentimiento informado. 

Esta intervención quirúrgica ha sido definida como una violación a la integridad física y sicológica de la paciente, así como a su derecho a vivir libre de violencia y discriminación, de acceso a la información y a la vida privada y familiar. Por su parte, el Estado boliviano no ha provisto a la víctima de una respuesta judicial efectiva frente a tales vulneraciones, por cuanto si bien hubo un proceso penal contra el médico cirujano, este no prosperó porque se extinguió la acción penal.
La paciente dice que el 1 de julio de 2000 ingresó al Hospital de la Mujer de La Paz, luego de que se le produjera una ruptura espontánea de membranas a la semana 38,5 de gestación y dolor a nivel de la cesárea que había tenido anteriormente en 1982. Debido a que el médico tratante constató que ella había tenido una cesárea previa, que no había trabajo de parto y que el feto se encontraba en situación transversa, decidió someterla a una cesárea. En dicho procedimiento participaron varios médicos, pero fue el residente de tercer año quien fungió como primer cirujano hasta que apareció el instructor y se hizo cargo, según la información oficial.

El esposo de la paciente firmó de forma previa al procedimiento quirúrgico un formulario denominado de ‘autorización familiar para cirugía o tratamiento especial’ respecto a la cesárea. Sin embargo, la señora negó haber otorgado su consentimiento de forma verbal para la realización de la ligadura de las trompas de Falopio, y alegó que el médico decidió sobre su vida y su cuerpo de manera inhumana, pues ligó las trompas de Falopio, incluso con el método más radical, denominado pomeroy, mutilando sus sueños y de su familia. 

El tribunal internacional consideró que el derecho de acceso a la información y el consentimiento informado son instrumentos esenciales para la satisfacción de otros derechos como la integridad personal, la autonomía, la salud sexual y reproductiva, el derecho a decidir libremente sobre la maternidad y a fundar una familia. Asimismo, el consentimiento protege el derecho de una paciente a recibir del Estado información relevante y comprensible para que esté en condiciones de tomar decisiones libres y fundamentadas respecto de aspectos íntimos de su salud, cuerpo y personalidad, y exige que el Estado obtenga dicho consentimiento ante cualquier intervención en materia de salud.

A tiempo de condenar al Estado boliviano a resarcir económicamente el daño causado a la víctima, la extensa y bien fundamentada sentencia además establece: El Estado debe brindar gratuitamente, a través de sus instituciones de salud especializadas, y de forma inmediata, adecuada y efectiva, el tratamiento médico y, específicamente en salud sexual y reproductiva, así como tratamiento psicológico y/o psiquiátrico, a la señora I.V. El Estado debe publicar esta sentencia, y realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional por los hechos del presente caso. El Estado debe diseñar una publicación o cartilla que desarrolle en forma sintética, clara y accesible los derechos de las mujeres en cuanto a su salud sexual y reproductiva, en la que se deberá hacer mención específica al consentimiento previo, libre, pleno e informado. El Estado debe adoptar programas de educación y formación permanentes dirigidos a los estudiantes de medicina y profesionales médicos, así como a todo el personal que conforma el sistema de salud y seguridad social, sobre temas de consentimiento informado, discriminación basada en género y estereotipos, y violencia de género. El Estado debe, dentro del plazo de un año, contado a partir de la notificación de esta sentencia, rendir al Tribunal Internacional un informe sobre las medidas adoptadas para cumplir con la misma. 








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