OPINIÓN



| 13/08/2017


El Tipnis y el ‘ambientalismo social’

El debate sobre el imperativo universal de salvar el planeta ha condicionado de un modo definitivo el tema de la preservación medioambiental y el desarrollo sostenible. La razón es muy simple, no se trata ya de un ejercicio teórico, o de una reflexión académica, no se resuelve tampoco con la experiencia empírica de prueba y error. El tiempo se nos ha acabado. Lo que hagamos de hoy en adelante es una carrera para intentar corregir los graves daños que hemos infligido a nuestro único hogar.

En el caso de Bolivia, el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis) se ha convertido en el escenario de una batalla crucial que definirá lo que el país quiere hacer con su destino ambiental. La tensión entre dos posiciones radicalmente distintas se inició a partir de 2010, cuando el Gobierno del presidente Evo Morales decidió la construcción de una carretera asfaltada que dividiría en dos al Tipnis vulnerando la razón de ser de ese territorio. Decisión que ha ratificado en el presente con la aprobación de una ley que elimina en los hechos la intangibilidad del Tipnis y muestra, por si hubieran dudas, la verdadera filosofía de un régimen que –irónicamente- ha cantado a los cuatro vientos que defiende la filosofía del vivir bien, la indispensable armonía ser humano-naturaleza y ha afirmado que la Pachamama tiene más derechos que los propios seres humanos. Como corolario, se enorgullece de haber impulsado la declaración del Día de la Madre Tierra hecha por las Naciones Unidas.

La tesis del Gobierno es que en la mayoría de los países del sur ha surgido un “colonialismo medioambiental” que propone la autoculpabilización de los países pobres, que reciben dádivas de los ricos a cambio de menos impuestos para estos y ninguna disminución de su actividad productiva depredadora. Adicionalmente, dice, se propone un ambientalismo contemplativo sin seres humanos en el norte y otro en el que los indígenas tienen que aceptar  la preservación en sus territorios pasando por alto la cobertura de sus necesidades básicas.

La respuesta a esta retórica es comprender que nuestra primera prioridad es valorar el efecto que causan nuestras acciones en las áreas protegidas sobre nosotros mismos. En qué medida la depredación de parques nacionales y territorios indígenas hipoteca el futuro de nuestro territorio y de nuestra población. Debemos valorar la ecuación entre desarrollismo clásico y desarrollo sostenible, considerando en qué proporción la obsesión industrialista para salvar el pan de hoy pone en riesgo a nuestras generaciones futuras. La primera responsabilidad del Estado es garantizar con igual vigor el presente y el futuro de los bolivianos. 

Es imprescindible hacer una lectura correcta de la realidad. La evidencia de que los países desarrollados del norte son los mayores responsables históricos de la depredación, que nos he hecho heredar un planeta en el que la vida tal como la conocemos está en serio riesgo, no resuelve los desafíos de todas las naciones y todos los habitantes del planeta hoy. En ese contexto no se puede negar que la mayor parte de las naciones más avanzadas trabajan en tres dimensiones: la toma de conciencia y educación de sus ciudadanos con buenos resultados, la normativa cada vez más férrea para las grandes empresas y la modificación de políticas de Estado vinculadas al desarrollo sostenible. Todo ello traducido en acuerdos internacionales de cumplimiento obligatorio. A pesar de ello, no olvidamos ejemplos nefastos como el del presidente Donald Trump,  que pretende desconocer la realidad del cambio climático (sin perjuicio de la valiente actitud de algunos gobernadores estadounidenses, que aprueban legislaciones en defensa del medioambiente) ni el grave daño ambiental que ha protagonizado el desarrollismo chino en los últimos 20  años. 

Lo peor del discurso oficial es el uso de una coartada. “Como la culpa es de los ricos, que ellos den la solución”. La crónica transferencia de nuestra responsabilidad en los otros. Mientras tanto, se sigue con la prédica del “suma qamaña” y se apuesta por el rentismo y el extractivismo disfrazado de “ambientalismo social”, que incentiva la irresponsabilidad individual y colectiva de los bolivianos, cada vez más depredadores y que aprueba leyes que destruyen la coherencia de una visión integral del desarrollo sostenible, en la que la combinación entre parques nacionales y territorios indígenas es no solo posible, sino imprescindible. Territorios en los que es un imperativo la consulta previa libre y sin presiones, la conciencia ambiental colectiva y la comprensión de que lo que debe cambiar es la filosofía productiva del Estado aupada por la intención de romper la columna vertebral de las áreas protegidas del país.  








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