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PROCESO
Fiscalía imputa a Percy y anota bienes de Costas
Enjuiciados. Los dos líderes más votados de Santa Cruz continúan acosados por demandas y sus colaboradores lo atribuyen a la persecución política. Afirman que quieren derrocarlos


07 de Febrero de 2012 | 22:53
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Aideé Rojas C.

Ministerio Público formaliza una querella contra Percy Fernández


Los bienes del gobernador Rubén Costas fueron anotados de manera preventiva por la Fiscalía del Distrito, medida que se suma al arraigo y a la fianza de Bs 100.000 que pagó la autoridad departamental para defenderse en libertad por el juicio que enfrenta por instruir la realización del referéndum del 4 de mayo de 2008, cuando el 85,6% de los electores cruceños votó por el sí a la aprobación del Estatuto Autonómico.

La orden emitida el 16 de enero por el fiscal del Distrito, Isabelino Gómez, fue calificada por el secretario de Gobierno de la Gobernación, Vladimir Peña, como una acción política de parte del Ejecutivo para “matar civilmente” a la autoridad cruceña.

El Ministerio Público instruyó la anotación de la vivienda de Costas, ubicada en el condominio Ciudad Jardín, de 300 metros cuadrados. También registró un fundo rustico, que está ubicado a 4 km de la plaza de Montero, y el inmueble en la urbanización Orlando Gonzales, zona oeste de Montero y que tiene una superficie de 2.706 metros. Además de las líneas telefónicas y los vehículos que están a su nombre y el de su esposa, Sonia Vincenti.
Según la declaración jurada presentada por Costas ante la Contraloría General del Estado, el 31 de octubre de 2011, su patrimonio neto asciende a Bs 7,8 millones.

Por el caso del referéndum autonómico, la Fiscalía también instruyó la anotación preventiva de los bienes del secretario general de la Gobernación, Roly Aguilera; del  de hacienda, José Luis Parada; y el de gobierno, Vladimir Peña. Además de los 23 consejeros que en 2008 aprobaron una resolución que ordena al entonce prefecto Costas a que convoque la consulta.

Para el fiscal del Distrito, la anotación preventiva de los bienes de Costas es para resarcir los daños ocasionados al Estado por la malversación de fondos que fueron destinados a la realización del referéndum autonómico.

En criterio de Gómez, el gobernador debe responder por más de Bs 10 millones de daños al Estado por convocar un referéndum que no estaba contemplado en la Constitución Política del Estado.
Por su parte, el secretario de Gobierno de la Gobernación, Vladimir Peña, dijo que con esta acción se hace más evidente la persecución política contra los opositores al Gobierno de Evo Morales. Recordó que a inicio de año se amenazó la libertad de la primera autoridad política de Santa Cruz con una orden de aprehensión para que responda a un proceso por desacato interpuesto por el fiscal Marco Soza, que investiga el caso de terrorismo.


Peña dijo que Costas tiene medidas cautelares por el caso del referéndum, como  la prohibición de salir del país, debe presentarse cada mes en la Fiscalía y pagó una fianza económica; ahora fue emitida la orden de anotación preventiva de los bienes.

Por su lado, Juan Carlos Parada, que presidió al entonces Consejo Departamental, también reaccionó a la instructiva fiscal y la calificó como un acto de amedrentamiento del MAS. “Es una acción política que busca hacer ver que la consulta es ilegal y que no tiene validez, pero si fuera así no estuviera reconocida en la Constitución”, afirmó Parada.

En respuesta, Franklin Garvizu, diputado del MAS, dijo que el gobernador Costas no tiene otra alternativa que responder y aclarar por qué no invirtió esos recursos en el área de educación, salud y seguridad ciudadana en vez de destinar a una consulta que no tuvo resultado positivo.
Otro que reaccionó fue el diputado Tomás Monasterio, de PPB-CN, que consideró que el MAS inició la última arremetida para terminar con la oposición política y, prueba de ello, es la audiencia que enfrentará Óscar Ortiz, el 16 de febrero, por una denuncia que debe aclarar cuando fungía como presidente del Senado; dos días después Costas estará en los estrados judiciales para responder por otro proceso.

    Otros afectados    

Nº  Nombre
1.-  José Luis Parada Rivero
2.-  Vladimir Peña Virhuez
3.-  Roly Aguilera Gasser
4.-  Juan Carlos Parada Landívar
5.-  Carlos Emilio Lobo Calzadilla
6.-  Rose Marie Sandóval Farfán
7.-  Juan Baltazar Sardan
8.-  Wilfredo César León Villarroel
9.-  Ronald F. Justiniano Aguilera
10.-  Herland Catalá Campos
11.-  Ciria Cynthia Barrero Chávez
12.- Delmar Eduardo Méndez Aponte
13.-  Edith Alicia Perrogón Toledo
14.-  Zenón Quiroz Delgadillo
15.-  Olwys E. Vaca Díez Vaca Díez
16.-  Ronald Artunduaga Justiniano
17.-  Bernardo Suárez Andrade
18.- Simón Alberto Moreno Serataya
19.-  Juan Carlos Ibáñez Morales
20.-  Eneida Égüez Ramos
21.-  Roxana Vaca de Mayser
22.-  Saúl Omar Rodríguez Méndez
23.-  Atiliano Pérez
24.-  Walter Rodríguez Olmos
25.-   José Antonio Baldelomar S.
26.-  Carlos Ruddy Dorado Flores

Garantizan el pago de una sanción
Marcelo Arrázola / Pdte. de Col. de Abogados SC
anotación preventiva de bienes es una medida cautelar y lo que busca, principalmente, es precautelar y garantizar el resultado de una posible sentencia. 
Es decir, que si el gobernador Rubén Costas y los demás funcionarios públicos que autorizaron la realización del referéndum autonómico en Santa Cruz, resultaran responsables, entonces está garantizado el pago de la sanción que se determine. Sin embargo, en este caso, personalmente considero que hay ciertas autoridades que están siendo muy funcional a los procesos políticos, de manera en que la justicia es utilizada para tratar de intimidar a algunos administradores y se está llegando a poner en riesgo su patrimonio.
Digo esto porque lo que se hace con la anotación preventiva de bienes es, precisamente, no permitirle la disposición de ese patrimonio.
Más que una acción política del Gobierno, hay autoridades que administran la justicia que están siendo tremendamente funcional a un proceso político como este, porque, partiendo del hecho de la propia Constitución Política del Estado, se reconoce el referéndum autonómico que se realizó en 2008 en el departamento de Santa Cruz.

      Reacciones     

María Arias, asambleísta
Buscan derrocarlo
La vicepresidenta de la Asamblea Legislativa Departamental, María Arias, afirmó que pese a las última acciones judiciales  que enfrenta, el gobernador Costas tendrá el respaldo de los asambleístas, y pidió a la población cruceña a salir en defensa de la primera autoridad. “Es una persecución política que busca derrocarlo y eso lo sabe el gobernador”, dijo la legisladora de la agrupación Verdes.

Mauro Peña, dip. MAS
Debe haber una razón
“Me imagino que los fiscales que investigan ese caso deben tener alguna razón para hacer esa acción”, dijo el presidente de la Brigada Parlamentaria, Mauro Peña, al referirse a la anotación preventiva de los bienes por orden de la Fiscalía de Distrito. El legislador masista evitó hacer mayores declaraciones sobre el proceso judicial que enfrenta el gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas.
 

Herland Vaca Díez
Una medida absurda
Para el líder cívico Herland Vaca Díez, es absurdo el proceso judicial que enfrenta Costas por convocar el referéndum autonómico, pues solo cumplió con el mandato de la población que dio en un cabildo. Opinó que los bolivianos deben pedir rendición de cuentas al presidente Evo Morales por gastar dinero en una elección como los comicios judiciales, cuyos resultados fueron negativos.









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