En Perú, si se censura o niega el voto de confianza a dos gabinetes, el presidente puede proceder a disolver el Congreso y se puede convocar a elecciones legislativas. 

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30 de mayo de 2019, 6:00 AM
30 de mayo de 2019, 6:00 AM

El presidente peruano, Martín Vizcarra, anunció el miércoles que planteará al Congreso una moción de confianza para aprobar sus reformas anticorrupción, en una nueva fase del choque que sostiene con el parlamento opositor que podría acabar con la disolución del Legislativo si éste la rechaza.

"El gobierno ha decidido presentar al Congreso cuestión (moción) de confianza respecto a las políticas de Estado de fortalecimiento institucional y lucha contra la corrupción", dijo el mandatario en un sorpresivo mensaje a la nación transmitido por radio y televisión desde el Palacio de Gobierno.

"No vamos a retroceder ni un solo paso para sacar adelante estas reformas tan necesarias para el país", agregó Vizcarra, quien apareció acompañado de su gabinete.

El mensaje se produce al día siguiente de que la Comisión Permanente del Congreso decidiera archivar una serie de denuncias de presunta corrupción contra el exfiscal general Pedro Chávarry.  

A ello, se sumó la decisión de archivar también una propuesta que buscaba acabar con la inmunidad parlamentaria.

"No permitiremos que la lucha contra la corrupción sea vapuleada por unos pocos, que lo único que pretenden es proteger a poderosos", acotó el presidente.

En caso de que el Congreso, dominado por una oposición radical populista de derechas, no otorgara la cuestión de confianza el presidente está facultado constitucionalmente para disolverlo y convocar a nuevas elecciones legislativas.

La moción de confianza es un mecanismo constitucional por el cual el Ejecutivo puede consultar al Congreso sobre el tema que estime conveniente.

En Perú, si se censura o niega el voto de confianza a dos gabinetes, el presidente puede proceder a disolver el Congreso.

En septiembre de 2017, el actual Congreso le negó la confianza a un gabinete por lo que una nueva negativa provocaría que el mandatario disuelva el Parlamento y convoque a elecciones legislativas en un plazo de cuatro meses.