MUNDO

Tribunal suspende al Parlamento catalán 


El Tribunal Constitucional español ordenó la suspensión cautelar del Parlamento que, el lunes 9, recibirá los resultados del referéndum, en el que se demanda la independencia. Madrid alerta que no lo permitirá

Los catalanes se alistan para lanzar su polémica independencia, sin apoyo internacional

06/10/2017

Se agrava la tensión política por la demanda de independencia de Cataluña. Ayer, el Tribunal Constitucional español suspendió cautelarmente el pleno del Parlamento regional catalán previsto para el lunes 9, al considerar que si se declarase la independencia se producirá un quebrantamiento de la Constitución y una "aniquilación" de los derechos de los diputados.    

La suspensión se produjo después de que el alto tribunal admitiera el recurso presentado ayer por el Partido Socialista de Cataluña (PSC) ante la convocatoria de dicho pleno.

El presidente del Gobierno regional de Cataluña, Carles Puigdemont, anunció su voluntad de comparecer el 9 de octubre ante el pleno del Parlamento regional para valorar los resultados y los efectos del ilegal referéndum independentista del 1 de octubre, con la declaración de independencia de Cataluña sobre la mesa.
Aunque en el único punto del día de la sesión no se menciona específicamente la declaración de independencia, la CUP, grupo independentista radical que apoya a la coalición de gobierno Junts pel Sí (JxSí), integrada por el centroderecha (PDeCat) y republicanos de izquierda (ERC), aseguró que en el pleno se proclamaría la república catalana.

En el recurso presentado por los socialistas catalanes se advierte de que convocar ese pleno supone "ignorar a sabiendas la suspensión acordada por el Tribunal Constitucional" sobre la Ley del Referéndum, aprobada el 6 de septiembre.

Esa ley dice que en caso de victoria del Sí en la consulta secesionista, la independencia de Cataluña puede declararse 48 horas después de la proclamación de los resultados.  El PSC afirma en su recurso que "pretender que la citada ley surta efecto supondría un quebrantamiento radical del ordenamiento constitucional".
Del mismo modo, en el supuesto de una declaración formal de independencia, los socialistas catalanes consideran que se daría una "total y completa aniquilación" de los derechos de los diputados, "por la demolición ilegítima del bloque de constitucionalidad en Cataluña".

La decisión del Constitucional tuvo la rápida respuesta de la presidenta del Parlamento regional, la independentista Carme Forcadell, quien la interpretó como un "rechazo" a la oferta de "diálogo" realizada por una parte del independentismo catalán, en referencia a la disposición de Puigdemont a dialogar.

Rajoy dice que no lo permitirá

Por su parte, el presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, afirmó que la unidad de España no puede "ser objeto de ninguna mediación ni de ninguna negociación" y subrayó que el "primer diálogo" que debe recuperar el Ejecutivo de la región de Cataluña es en el Parlamento local y con la sociedad catalana a la que "ha dividido".

En una entrevista con Efe, Rajoy respondió así al ser preguntado por las diferentes ofertas de mediación planteadas en estos días, después del referéndum soberanista ilegal del pasado 1 de octubre. "Esto no es un problema de mediación", dijo el jefe del Ejecutivo antes de señalar que han sido muchas personas las que se han ofrecido para esa labor, "muchas con buena voluntad".

"No vamos a permitir la independencia de Cataluña", alertó el mandatario.

 El presidente del Gobierno español subrayó que el "primer diálogo" que hay que recuperar es en el Parlamento de Cataluña”.

Bancos y empresas alistan su salida de Cataluña; Madrid da facilidades 

El consejo de administración de Banco Sabadell acordó en sesión extraordinaria trasladar su sede social a Alicante, ante la posibilidad de que en los próximos días el Parlamento de Cataluña haga una declaración unilateral de independencia.

Horas antes de esta decisión el Sabadell, quinto banco de España, había informado oficialmente al regulador bursátil (CNMV) de esa previsión, ante la incertidumbre por la situación política en la región de Cataluña.

También Caixabank, el tercer banco español por número de activos, prevé convocar hoy un consejo de administración extraordinario para debatir el traslado de su sede social fuera de Cataluña.

Varias empresas con sede en Cataluña han empezado a cambiar su emplazamiento social y a plantearse cómo afrontar la incertidumbre política generada en esa región española tras el referéndum ilegal del 1-O, con la intención de proteger a sus clientes y accionistas.

El Gobierno español aprobará previsiblemente hoy un decreto ley que permitirá a las compañías españolas acordar el cambio de su sede social sin someter esa decisión a la junta de accionistas, lo que aceleraría su salida de la conflictiva región de Cataluña.



En esta nota



e-planning ad