Estos objetos, que se hacen de plástico, funcionan como un arma muy real. Al no ser industrializados por un fabricante autorizado, no tienen número de serie

El Deber logo
31 de julio de 2018, 17:22 PM
31 de julio de 2018, 17:22 PM

Varios gobiernos estatales y los partidarios de un mayor control de armas de fuego en Estados Unidos intentaron el martes bloquear la comercialización de planos digitales que permiten fabricar con toda discreción armas con impresoras 3D.

Luego de una larga batalla judicial a finales de junio, el gobierno federal autorizó al grupo Defense Distributed, poner en línea los planos digitales que permiten la fabricación casera de armas con una impresora 3D.

Estos objetos, que se hacen de plástico, funcionan como un arma muy real. Al no ser industrializados por un fabricante autorizado, no tienen número de serie, tampoco suenan al pasar por un detector de metales y potencialmente no se pueden rastrear.  

"El momento de las armas descargables realmente comienza", promete el sitio del grupo, fundado por Cody Wilson, un libertario de 30 años.

Está previsto que los programas de instrucción sean puestos en línea el miércoles 1 de agosto.

Pero Wilson relató a la revista Wired este martes que él ya había publicado estas instrucciones. Y, de acuerdo a la revista, "ya han sido descargados miles de veces".

"Los publiqué el 27 de julio", dijo Cody Wilson. "La fecha del 1 de agosto es para efectos de mercadeo".

Una docena de fiscales de estados demócratas habían presentado el lunes una demanda ante la justicia para impedir la publicación de esos manuales.

"Es una locura dar a los delincuentes las herramientas para imprimir en 3D armas que son imposibles de rastrear y que no se pueden detectar, con solo apretar un botón", dijo la fiscal del estado de Nueva York, Barbara Underwood.

Los fiscales presentaron el caso a un tribunal federal de Seattle, en el estado de Washington, y pidieron un juicio sumario a la luz de la inminente fecha límite.

Una veintena de fiscales estatales también escribieron al Fiscal General de Estados Unidos, Jeff Sessions, y al secretario de Estado, Mike Pompeo, para denunciar el acuerdo entre Trump y Defense Distributed. Es un acuerdo "profundamente peligroso que podría tener un impacto sin precedentes en la seguridad pública", indicaron.

Estados Unidos, donde unas 30.000 personas mueren al año a causa de las armas de fuego, está profundamente dividido por la discusión sobre el control de armas personales, particularmente por numerosas matanzas masivas, muchas veces perpetradas con armas que fueron compradas de manera legal.