NICARAGUA

Exigen libertad de expresión y prensa durante las protestas en Nicaragua


La ONG PEN Nicaragua denunció que al menos 11 periodistas fueron víctimas de agresiones por parte de la Policía cuando cubrían las últimas protestas

Nicaragua registró manifestaciones contra nuevas medidas de seguridad social. Foto Reuters
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19/04/2018

El capítulo nicaragüense de la asociación mundial de escritores PEN exigió este jueves "libertad de expresión y prensa" al Gobierno local, al que responsabilizó por la violencia desatada a raíz de las manifestaciones contra nuevas medidas de seguridad social, que aumenta la cuota patronal y laboral, y además establece una cotización perpetua.

"PEN Nicaragua exige libertad de expresión y prensa, demanda respeto para periodistas que cumplen labores informativas", comunicó la organización mundial, que aglutina a unos 30.000 escritores y periodistas en todo el mundo, así como 140 centros de activismo cívico.

Asimismo, denunció "el cese (indefinido) de la transmisión de los canales independientes 100% Noticias, Canal 12 (temporal), Canal 23, Canal 52 de la Conferencia Episcopal y del canal de cable Telenorte".

Además, señaló que al menos once periodistas fueron heridos por "agresión violenta y tolerada por la Policía Nacional, por parte de grupos organizados del Gobierno".

"PEN Nicaragua hace un llamado al Gobierno de Nicaragua a respetar el derecho de sus ciudadanos a protestar pacíficamente por reformas con las que no está de acuerdo. Dentro del ámbito de la libertad de expresión y pensamiento, este es un derecho inalienable y esencial de la ciudadanía, respaldado por la Constitución del país", agregó, y exigió el regreso de equipos periodísticos y celulares robados a los reporteros.

Las nuevas medidas de seguridad social establecen que el pago que realizan los trabajadores al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), pasa de 6,25 a 7% a partir del 1 de julio próximo.

Desde esa misma fecha la cuota de la patronal pasará del 19 al 21%, y 1 punto porcentual más a partir del 1 de enero de 2019 y 0,5 puntos porcentuales a partir de 2020, hasta alcanzar un 22,5%.

Adicionalmente se estableció la cotización perpetua, ya que los jubilados aportarán un 5% de la pensión en concepto de cobertura de enfermedades, pero además recibirán, sobre la cuantía de su pensión, asignaciones familiares equivalentes al 13,5% por la esposa o esposo inválido (era 15%) y 9% por cada hijo menor de 15 años o ascendientes a su cargo mayores de 60 años (era 10%).

Las reformas también eliminan el salario máximo para cotizar, que hasta ahora es de 88.005,78 córdobas (unos 2.818 dólares), pero a partir del 1 de julio si un trabajador devenga más que ese sueldo, su cotización será de 7% con base en su salario bruto.

Las medidas han sido criticadas por todos los sectores económicos, tanto empresariales como expertos, quienes afirman que las mismas, lejos de evitar la quiebra del INSS, traerán desempleo e informalidad, a la vez que disminuirá el consumo, la competitividad y el clima de negocios.



 




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