Los representantes tenían previsto reunirse con el presidente nicaragüense para tratar de hallar solución a la crisis política

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15 de septiembre de 2019, 4:00 AM
15 de septiembre de 2019, 4:00 AM

Nicaragua prohibió ayer el ingreso de siete diplomáticos que buscaban impulsar un diálogo con el Gobierno ante la crisis del país, entre ellos el embajador de EEUU ante la OEA, Carlos Trujillo, y Gonzalo Koncke, jefe de gabinete del secretario general del organismo, Luis Almagro, según un documento oficial.

Trujillo, Koncke y otros cinco diplomáticos tenían previsto viajar a Nicaragua para intentar dialogar con el presidente Daniel Ortega y buscar una salida a la crisis que comenzó el 18 de abril de 2018 y que ha dejado cientos de muertos, presos y desaparecidos, además de miles de nicaragüenses en el exilio.

Algunos de los diplomáticos a los que Ortega decidió impedir el acceso a Nicaragua forman parte de una comisión creada a finales de agosto por la Organización de Estados Americanos (OEA). Ese ente tiene un plazo de 75 días para intentar negociar con Ortega.

Si esa comisión fracasa y Ortega se niega a dialogar, la OEA podría suspender a Nicaragua, la mayor forma de sanción que tiene la organización y que, en 70 años de historia, solo ha usado en dos ocasiones: con Honduras, en 2009, después del golpe de Estado; y con Cuba tras el triunfo de la Revolución castrista, en 1959.

Integrantes

La comisión está integrada por Trujillo y otros cuatro miembros: el subsecretario de Asuntos de América del Ministerio de Exteriores de Argentina, Leopoldo Francisco Sahores; la representante de Panamá en la OEA, Elisa Ruiz Díaz; así como Sébastien Sigouin, responsable de Centroamérica en el ministerio de Exteriores de Canadá; y la embajadora ante la OEA de Jamaica, Audrey Marks.

Además, Koncke y un funcionario de la OEA encargado de prensa acompañaban a esa comisión.

Koncke, como jefe de gabinete de Almagro, ha estado siguiendo de cerca el trabajo que la Secretaría General hizo como garante y testigo de los intentos de diálogo entre el Gobierno nicaragüense y la opositora Alianza Cívica, que fueron suspendidos ante la imposibilidad de lograr acuerdos.

Se esperaban reacciones de la OEA y también del gobierno de Estados Unidos.