La justicia española dicta prisión para el destituido Gobierno de Cataluña

La justicia española dictó ayer prisión provisional para ocho miembros del destituido Gobierno de Cataluña, imputados de sedición y rebelión por su papel en la tentativa independentista, desatando manifestaciones de apoyo en la región española.

La misma jueza Carmen Lamela, de la Audiencia Nacional, debe pronunciarse sobre la petición de la Fiscalía de dictar una orden de captura contra el presidente catalán cesado, Carles Puigdemont, y otros cuatro de sus ministros, que están en Bélgica y desatendieron el llamado de la justicia.

Aunque está preparando la orden de detención nacional e internacional contra el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y cuatro de sus ex concellers, Lamela sí actuó contra ocho de los nueve miembros del ejecutivo cesado. 

Entre ellos está el vicepresidente Oriol Junqueras, que acudió al alto tribunal en Madrid. Todos fueron enviados a prisión provisional sin fianza al considerar en el auto que jugaron "un papel activo, impulsando el proceso soberanista".

Otorgó libertad provisional bajo fianza para un noveno, Santi Vila, que dimitió antes de la proclamación de la independencia el 27 de octubre; Vila tendrá que pagar 50.000 euros para eludir la cárcel.

 “Grave error”
En un corto mensaje emitido por la televisión pública catalana, Puigdemont exigió la liberación de los consejeros y del vicepresidente Junqueras. Al grito de "no es justicia, es dictadura" y "vergüenza para Europa", 20.000 personas se congregaron frente al parlamento en Barcelona, convocados por la Asamblea Nacional Catalana, una de las asociaciones implicadas según la justicia en el independentismo.

"Es un grave error del Estado español tensar la justicia de manera partidista. Esto encenderá las calles", estimó Ramón Jornet, un publicista de 50 años, en referencia a las encarcelaciones de Junqueras y los otros siete miembros del Gobierno. "Es un gravísimo error político que nos aleja de la solución", señaló la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau.

Riesgo de fuga

Para justificar la prisión a espera de juicio, la juez alegó que existe riesgo de fuga -recordando el viaje a Bélgica de Puigdemont y parte de su Gobierno-, así como de reiteración delictiva y de destrucción de pruebas.

En la Audiencia Nacional, un alto tribunal encargado de casos complejos, estaban citados los 14 miembros del Gobierno catalán depuesto y, en el Tribunal Supremo, seis diputados catalanes, entre ellos la presidenta del parlamento que aprobó proclamar la independencia, Carme Forcadell. Todos citados en calidad de investigados por rebelión, sedición y malversación de fondos por su papel en la proclamación de la república catalana el viernes pasado, en base a un referéndum de autodeterminación considerado inconstitucional del 1 de octubre, ganado por
el sí pero sin contar con garantías.
El Gobierno central de Rajoy respondió con el cese del ejecutivo catalán y la disolución del parlamento.