La intervención, medida decretada para enfrentar la ola de violencia que azota a Río de Janeiro, cedió al Ejército el control de la seguridad pública de todo el estado. Es una medida cuestionada

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16 de agosto de 2018, 18:48 PM
16 de agosto de 2018, 18:48 PM

La intervención Federal de la seguridad Pública en Río de Janeiro es un "modelo acabado" que "no debe ser usado en otros estados de Brasil", según el Observatorio de la Intervención del Centro de Estudios de Seguridad y Ciudadanía de la Universidad brasileña Cándido Mendes. Así lo afirmó Silvia Ramos, coordinadora general del Observatorio, al referirse a la propuesta del ministro de Seguridad Pública Raúl Jungmann de aumentar por un año más la medida de intervención en Río de Janeiro.

"Creo que es una propuesta de quien no vive en Río de Janeiro. Quien vive en Río ya entendió que es un modelo que no sirvió. Es un modelo acabado y no es algo que pueda ser utilizado en otros estados o en otras ciudades de Brasil", aseguró Ramos a Efe.

Las declaraciones de Ramos se dieron durante una rueda de prensa en la que la ONG presentó los resultados de un informe sobre los seis meses de haberse implementado la intervención en Río de Janeiro. La intervención, medida decretada por el presidente Michel Temer el 16 de febrero pasado para enfrentar la ola de violencia que azota a Río de Janeiro desde los Juegos Olímpicos de 2016, cedió al Ejército el control de la seguridad pública de todo el estado.

Esta medida se extenderá previsiblemente hasta el próximo 31 de diciembre, aunque el ministro Jungmann ha defendido prorrogarla por un año más, hasta finales de 2019.

"Creo que el futuro gobernante de Río de Janeiro actuaría de buen sentido si se dispusiera a prolongar por lo menos un año esta intervención, porque es el tiempo necesario para que podamos concluir el legado", dijo Jungmann a mediados de junio.
 Según la ONG el número de tiroteos subió un 40 % en Río durante los seis meses que lleva implementada la intervención, 736 personas murieron por enfrentamientos con las fuerzas de seguridad y otras 2.617 fallecieron en homicidios dolosos.

Durante ese periodo se han realizado 372 operativos militares que fueron monitoreados por la ONG, en los que participaron 172.000 agentes, pero los indicadores para la seguridad pública "continúan inaceptables", de acuerdo con el Observatorio. Los costos en vidas han sido altos y también el presupuesto que implica una medida de estas dimensiones.

Para Ramos "el costo de la intervención es un misterio" y solo se puede calcular el valor de los operativos militares que ha sido de 45 millones de reales (unos 11 millones de dólares), lo que significa una media de un millón de reales (unos 263.157 dólares) por cada operativo. Sin embargo, el costo relacionado con todos los asuntos burocráticos de la intervención se desconoce y a pesar de que el Gobierno anunció 1.200 millones de reales (unos 315,7 millones de dólares) para su financiación "no sabemos cuándo va a llegar (ese dinero), ni cómo va a ser usado", precisó Ramos.