La SIP reclama protección de la libertad de expresión, también en las redes sociales
El organismo alertó por la expansión de la censura y por los controles que impulsan los gobiernos sobre las redes sociales. Los Estados deben garantizar un ambiente de libertad para el desarrollo de la prensa, indicó la Declaración de Salta de la SIP
La Junta de Directores y la Asamblea de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) aprobaron la Declaración de Salta sobre Principios de Libertad de Expresión en la Era Digital, con la que se llama a proteger el libre flujo informativo sin importar la plataforma por donde se propague.
El presidente de Argentina, Mauricio Macri, dijo ayer, en la clausura de la 74.a Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), que las libertades de expresión y prensa son “valores esenciales” y el “verdadero corazón” de la democracia, por lo que consideró “fundamental” defenderlas.
“Sigamos trabajando para que se terminen las censuras y las agresiones, las violaciones a la libertad de prensa y expresión en todo el continente”, aseveró el mandatario ante editores y directivos de multitud de medios de comunicación de América, que durante cuatro días se han congregado en la ciudad argentina de Salta (norte).
La SIP emitió una declaración de 13 principios con un preámbulo en el que se destaca que el periodismo y los medios de comunicación son “actores vitales de la libertad de expresión, más allá de las plataformas en las que operan”.
El texto considera que a pesar del “impacto positivo” de las tecnologías, las “amenazas y los ataques” a las libertades de expresión y de prensa provenientes de actores estatales y privados “no han cesado” y los “abusos y el mal uso” de estas tecnologías han potenciado la censura, la vigilancia o el acoso contra usuarios o periodistas.
“Los derechos vinculados a las libertades de expresión y de prensa deben garantizarse por igual en el entorno digital y en el tradicional”, reza el primer principio de la declaración.
En el texto se aboga por que las políticas públicas sobre internet deban estar dirigidas a garantizar que el espacio digital sea “abierto, neutral, accesible para todos y apegado a los derechos humanos” y subraya que los Gobiernos no deben inhibir con regulaciones las expresiones de “interés público” ni imponer “sanciones agravadas” por ser manifestadas.
“El bloqueo y filtrado de contenidos por control estatal en el espacio digital constituye censura previa de acuerdo a lo establecido en la Convención Americana de Derechos Humanos”, según la declaración.
El texto preliminar, que fue presentado por el presidente de la SIP, Gustavo Mohme; el expresidente de la entidad Danilo Arbilla; y el director ejecutivo, Ricardo Trotti, hace pie en la declaración de Chapultepec de 1994, que ya estableció 10 principios sobre libertad de expresión y libertad de prensa.
Una mujer al frente de la SIP
María Elvira Domínguez, directora del diario El País de Cali (Colombia), es desde ayer la nueva presidenta de la SIP para el periodo 2018-2019, en el que se centrará en trabajar por luchar contra las “libertades cercenadas en Venezuela y Nicaragua”.
La periodista colombiana, que hasta ahora se desempeñaba como primera vicepresidenta de la SIP, fue elegida para sustituir al peruano Gustavo Mohme en lo más alto del organigrama durante la 74 Asamblea General del organismo, que culminó en un hotel de la ciudad argentina de Salta.
LA SIP EXHORTA AL GOBIERNO DE BOLIVIA A DEJAR SIN EFECTO LEYES QUE ATENTAN CONTRA LIBERTAD DE PRENSA
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) emitió ayer una resolución final en la 74 asamblea general, en la que exhorta al Gobierno boliviano a dejar sin efectos dos leyes que buscan limitar la libertad de expresión y de información en el país.
En el comunicado, los representantes de la SIP exigen al Ejecutivo nacional suspender las políticas orientadas a provocar la asfixia financiera de los medios de comunicación privados e independientes, “dejando sin efecto la ley que obliga a los medios privados a difundir avisos gratuitos del Gobierno y toda norma contraria al justo pago por prestación de servicios y de difusión de campañas estatales”.
La SIP, una institución que aglutina a más de 1.300 medios de comunicación de América, también exhortó a las autoridades bolivianas que retiren el denominado proyecto de ley contra la mentira, por considerar que es un condicionamiento a un ejercicio de la libertad de expresión y es incompatible con los estándares internacionales en materia de derechos humanos, reconocido por el artículo 13 de la Constitución Política del Estado.
Esta no es la primera vez que la SIP se pronuncia sobre la situación de la prensa en Bolivia. En diversos documentos, la organización ha expresado su preocupación por la ofensiva del Ejecutivo contra los medios a través de declaraciones confrontativas y de proyectos de ley restrictivas de la prensa.
